Ibarretxe busca atraer a los socialistas a sus tesis en los plenos parlamentarios

El Parlamento vasco aborda el viernes el primero de los actos del plan diseñado por el lehendakari, Juan José Ibarretxe, para su segunda legislatura. Su objetivo es el de rebajar la crispación de antes de las elecciones y conseguir un nuevo consenso político, más amplio que el pacto tripartito de su Gobierno (PNV-EA-IU) incorporando al PSE a su propuesta de pacificación y normalización. Siguiendo el guión que tan buen resultado le dio en las elecciones, Ibarretxe pretende hacer compatible el rechazo de la violencia y la protección de los amenzados por ETA con la reinvindicación de mayores cotas de autogobierno.

El primero de los debates a los que se comprometió Ibarretxe el día de su investidura pondrá sobre la mesa la 'pacificación' y la 'normalización', con la pretensión de precisar un nuevo acuerdo amplio sobre ambos conceptos. Un acuerdo que rompa la trinchera que dividió a nacionalistas y no nacionalistas a partir del Acuerdo de Lizarra, en septiembre de 1998, y permita atisbar alguna vía de salida a la violencia de ETA, que contamina las relaciones políticas y la propia vida social del País Vasco.

La elección del Parlamento para estos debates ya aporta una novedad en el panorama político: la Cámara vasca es el único foro donde todos los partidos aceptan exponer y discutir conjuntamente todas sus propuestas sobre cómo conseguir el cese de la violencia de ETA y alcanzar la normalización en base a las iniciativas que les exponga Ibarretxe, apoyado por su Gobierno tripartito (PNV-EA-IU). La asistencia de Batasuna, cuyos parlamentarios acaban de anunciar que estarán de forma estable en una Cámara que rechazan -lo definen como 'frente institucional'- no deja la menor duda sobre el reconocimiento por parte de todos los partidos de que las elecciones del 13-M abrieron una nueva etapa en la que la iniciativa corresponde al lehendakari.

¿En qué se puede concretar un compromiso sobre conceptos como pacificación y normalización, que nacionalistas y no nacionalistas interpretan de diferente manera? De acuerdo con lo expuesto por Ibarretxe en su discurso de investidura, el reto de la pacificación de Euskadi exige un nuevo consenso que implique la aprobación de un compromiso lo más amplio y firme -'sin fisuras', se afirma- en defensa de la vida y las libertades, y de rechazo de la violencia y la persecución a ETA, con independencia del proyecto político que defienda cada partido.

Acercamiento de presos

En definitiva, un compromiso que podría incluir como medidas concretas, entre otras, la persecución implacable a ETA, reforzando la capacidad de intervención de la Ertzaintza y su coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado, y la creación de instancias de ayuda económica y atención psicológica a las víctimas. Pero los partidos del Ejecutivo tripartito podrían también recuperar el requerimiento hecho la pasada legislatura al Gobierno central por el Parlamento vasco para que acerque a los presos etarras a las cárceles cercanas a Euskadi, con el fin de paliar los inconvenientes que para sus familiares suponen los largos desplazamientos. Los nacionalistas e IU consideran que este paso aportaría sosiego al entorno social de la izquierda radical vasca y desactivaría uno de los focos de agravio de los que se alimenta el entorno de ETA. En este sentido, Batasuna acaba de designar a Arnaldo Otegi y Jone Goiricelaia representantes de la comisión de Derechos Humanos en lugar del ex dirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, que lo fue en la anterior legislatura con gran escándalo de los no nacionalistas.

Un consenso sobre los principios generales que acercarían a la 'pacificación' entendida como cese de la violencia de ETA no supone, según la doctrina que se fragua en Ajuria Enea, alcanzar un acuerdo sobre la 'normalización', es decir, la aceptación por todas las fuerzas de un marco y unas reglas de juego que garanticen la convivencia política. Este sería, según fuentes próximas al lehendakari, el segundo objetivo que se persigue en el pleno del viernes. Y se asegura que un acuerdo de principios para hacer frente a la violencia etarra, por muy firme que este sea, no resuelve el llamado 'contencioso' de fondo que reconoce el Pacto de Ajuria Enea de 1988 , el más amplio diagnóstico alcanzado por los partidos y que naufragó en la primavera de 1998.

La propuesta sobre normalización que hará Ibarretxe en el pleno tendrá su punto de partida en reconocer que existe 'un problema de convivencia política con el Estado en relación con las instituciones y sus competencias', aseguran. Y en este punto se engarzaría con la otra cuestión, la del 'incumplimiento' del Estatuto, que el nacionalismo en el Gobierno ha convertido en su principal factor de reivindicación.

El lehendakari espera que los socialistas se incorporen a su planteamiento de reclamar con urgencia y en su integridad el cumplimiento del Estatuto. Concretamente, dan gran importancia a que el PSE respalde la creación de la anunciada Comisión Política desde la que Ibarretxe pretende abordar con el Gobierno de Aznar el desarrollo de las transferencias pendientes y cuyo impulso se debatirá en el pleno monográfico sobre autogobierno que se celebrará en octubre. El resultado incierto que esperan de ambos debates es la configuración de una nueva plataforma de consenso de la que que se desgajarían, a ambos extremos, el PP y Batasuna.