Inicio de curso con vistas al Parlamento

'España corre el riesgo de quedarse fuera de la armonización del espacio europeo, que fue la prioridad acordada por los Gobiernos en la Declaración de Bolonia'. Esta advertencia lanzada el jueves en Valencia por el presidente de la Conferencia de Rectores, Saturnino de la Plaza, no es una crítica al uso, como ha pretendido dar a entender el presidente José María Aznar en un intento por frenar los múltiples cuestionamientos y dudas que se ciernen sobre el sistema español de aprobarse, tal y como ha sido enviada al Parlamento, la futura Ley Orgánica de Universidades (LOU).

La LOU no sólo se distancia de los criterios de homologación de estructuras, estudios y créditos hacia los que avanzan los socios de la Unión Europea, sino que además pone en jaque 'la pluralidad y riqueza de las universidades españolas consolidadas en el marco autonómico', remata De la Plaza. Ambas cuestiones ya han sido subrayadas por los presidentes autonómicos vasco y catalán, Juan José Ibarretxe y Jordi Pujol, en sus respectivas inauguraciones del curso académico la semana pasada. Los dos presidentes han defendido 'las competencias que les otorga el autogobierno para consolidar los sistemas universitarios autonómicos' y han cerrado filas en defensa de 'la autonomía universitaria'.

En esa dirección, De la Plaza, ante más de un centenar de ingenieros reunidos en la Politécnica de Valencia, aseveró que 'la LOU debe de delimitar con claridad las competencias del Estado, de las comunidades autónomas y de las universidades', porque, 'de lo contrario, se corre el riesgo de retroceder 20 años'.

Así las cosas, la inauguración el viernes pasado de la primera apertura de la Universidad Jaume I de Castellón, así como la de mañana en la Universidad de Valencia, dan el banderazo de salida a un curso que comienza marcado por el pulso del Gobierno central por implantar un modelo de gestión universitaria basado, en palabras del ministerio, en 'la cohesión estatal'. Para el sistema universitario valenciano, la nueva ley tiene, pues, implicaciones adicionales. Como señalan distintos responsables universitarios, tal como está concebida 'introducirá gastos económicos considerables', necesarios para poner en marcha el sistema de acreditaciones, el de evaluación de la calidad, entre otros elementos. Se trata de partidas que 'no están presentes en el plan de financiación' propio de la Comunidad Valenciana y que introducen nuevas incertidumbres en el modelo valenciano, entre cuyas principales virtudes está el dar estabilidad al escenario financiero de las universidades.

En contexto, el tono que emplee el presidente autonómico valenciano, Eduardo Zaplana, el próximo viernes en la apertura del curso de la Universidad de Alicante -a la que hace cinco años que no vuelve, después de la traumática segregación de centros decretada para crear la de Elche que marcó el inicio de su divorcio con las universidades valencianas- puede despejar algunas claves de hacia dónde camina el sistema universitario valenciano.