El PSOE acusa a De la Torre de especular con terrenos destinados a viviendas para universitarios

Francisco Oliva cifra las plusvalías en 15.000 millones y no en 2.177, como dijo el alcalde

El convenio suscrito por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), y los promotores de la finca Bizcochero-capitán, cerca del campus universitario de Teatinos, ha desatado fuertes críticas de la oposición. Según el pacto, una zona destinada a la construcción de 1.100 viviendas de protección oficial (VPO) para universitarios (según el plan parcial de 1998), pasa a suelo urbanizable donde se harán 1.000 viviendas de renta libre, cuyo precio duplica a las de VPO. El portavoz municipal del PSOE, Francisco Oliva, calificó la decisión como el 'mayor fraude jamás conocido'.

El alcalde De la Torre anunció el acuerdo urbanístico el martes y se congratuló de que las plusvalías por la venta del suelo, con el consiguiente cambio del plan parcial de 1998, le reportaría 2.177 millones de pesetas al consistorio. Este dinero se destinaría entonces a 2.000 viviendas protegidas en la zona de Los Asperones, de las que 1.500 serían construidas por el Instituto Municipal de la Vivienda.

Oliva rehizo las cuentas municipales y argumentó que las plusvalías que debía recibir el consistorio no debían ser únicamente sobre el suelo, ya que en lugar de vender las casas de VPO de 100 metros cuadrados por 12 ó 13 millones, los promotores cobrarán por las de renta libre 22 y 25 millones de pesetas. Así, los beneficios por la recalificación del suelo oscilarán entre 12.000 y 15.000 millones, puntualizó el portavoz socialista en conferencia de prensa.

El portavoz socialista advirtió de que las plusvalías del 'movimiento especulativo' que denuncia pueden ser mayores, ya que la promoción se beneficiará de la revitalización que previsiblemente experimentará la zona al quedar a escasa distancia de la futura ciudad de la justicia de Málaga.

El convenio del Ayuntamiento con ocho promotoras, entre las que están Vallehermoso, Construcciones Vera y Echevarría, únicamente prevé para uso universitario (fin inicial) la construcción de 1.000 plazas de residencia estudiantil. Oliva calificó la maniobra municipal de 'ataque contra la comunidad universitaria, a la que se le priva de un equipamiento esencial', ya que los locales comerciales de cualquier edificación bajo el plan inicial de 1998 estaban destinados a bibliotecas, aulas de formación o lavanderías.

Oliva también acusó al PP de practicar una 'segregación clasista mediante el urbanismo', al no permitir a las clases medias el acceso a viviendas protegidas en 'buenas zonas de la ciudad', sentenció. Por su parte, el grupo municipal de IU trasladará una carta al delegado de Obras Publicas de la Junta, Enrique Salvo, para que inicie en Málaga un proceso de vigilancia urbanística, al igual que en otras ciudades de la provincia, informa Europa Press.

Francisco de la Torre no tardó en responder a las críticas de la oposición y afirmó que el acuerdo con las promotoras 'está muy estudiado y discutido' y que responde a los 'intereses generales'. Precisó que no se trata de especulación y sí de 'dar solución a un planeamiento un tanto utópico y no muy bien definido'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 20 de septiembre de 2001.

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