El TSJ desestima que Díaz Alperi recurra la suspensión del palacio de congresos ante el Tribunal Supremo
La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha desestimado que el Ayuntamiento de Alicante recurra en casación ante el Supremo su auto de 19 de julio de 2001 que suspendió cautelarmente las obras del palacio de congresos en el monte Benacantil de Alicante. El TSJ, que ha dado diez días de plazo a las partes para que aleguen a su auto, argumenta que el derecho supuestamente infringido es autonómico, la Ley de Patrimonio Valenciano, y, por tanto, no cabe recurso ante el Supremo, que entiende sobre las normas estatales y europeas.
Pese a que el PP manifestó que no iba a recurrir ante el Supremo el auto del TSJ, el Ayuntamiento de Alicante presentó el pasado 30 de julio un escrito ante la Sala de lo Contencioso anunciándole el recurso en casación y pidiéndole que emplazara a las partes para comparecer ante el Tribunal Supremo.
El TSJ decidió suspender cautelarmente las obras del palacio tras constatar que en el expediente faltaba la delimitación del entorno protegido del Castillo de Santa Bárbara, fortaleza declarada bien de interés cultural que corona el Benacantil. Díaz Alperi ha acelerado la redacción del plan especial del entorno de Santa Bárbara en un intento de que el TSJ levante la suspensión, aunque el avance del citado plan no deja claro que el palacio encaje en la parcela donde se proyectó.
Al margen del nuevo varapalo judicial, los dos grupos en la oposición municipal de Alicante, Socialista y Esquerra Unida, censuraron ayer la incapacidad del alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, para construir un palacio de congresos en la ciudad. Ambos grupos abandonaron ayer el discurso técnico y el embrollo judicial que durante años ha protagonizado el debate sobre la construcción del palacio en el monte Benacantil para realizar una reflexión política: un alcalde que gobierna con mayoría absoluta no puede llevar seis años sin poner ni una piedra de esa dotación tan reclamada por los principales sectores productivos de Alicante. 'Un gran fracaso político', dijo el portavoz adjunto del PSPV, Pablo Rosser.
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