El cruzado picapiedra

El abogado Juan Marco Molines, que en otro tiempo fue diputado del PP en las Cortes Valencianas, está en vísperas de uncir su nombre al de una atrocidad -todo lo legítima que se quiera- sin parangón por estas tierras. Fruto de su obstinación u obsesión, podría acontecer que, por fin, y después de un largo trayecto judicial amenizado por la polémica, se acometiese la demolición parcial del actual Teatro Romano de Sagunto. Con tan azarosa depredación de la obra que llevaron a cabo los arquitectos Giorgo Grassi y Manuel Portaceli no se recuperará, sin embargo, la imagen ruinosa y romántica de este coliseo antes de la intervención, ni aparece por lado alguno qué ventajas materiales o estéticas se alcanzan. Consta, eso sí, que a los dineros que costó la 'reconstrucción' de este monumento habrá que sumar otros mil millones de pesetas para financiar el derribo.

Si se cumple lo que ya tiene visos de fatalidad será justo endosarle todo o casi todo el triste mérito al citado letrado, apenas alentado por un pequeño mariachi mediático. Al caballero no le complace plenamente la razón que le dio la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Valencia en mayo de 1993 mediante una sentencia que fue unánimemente calificada de modélica por parte de juristas, arqueólogos, políticos y arquitectos. A mayor abundamiento, el Tribunal Supremo la ratificó, dando la debida satisfacción a este ilustre cruzado picapiedra. Ambos fallos vienen a dejar sentado que, en efecto, el consejero Ciprià Ciscar se saltó a la torera la Ley de Patrimonio al construir 'un teatro a la manera romana' sobre las ruinas originales.

Pero las citadas resoluciones judiciales no obligan a derruir necesariamente esas obras que, discutibles y discutidas, ya forman parte de ese paisaje y de nuestro patrimonio, al margen de su recuperada funcionalidad. Así lo entienden muchos de cuantos, en su momento, objetaron el proyecto, previendo tal vez, entre otros fundamentos estéticos y emocionales, la beligerancia que suscitó. Pero una vez consumado, y a excepción de los irreductibles, han cedido en su acoso y asumido los hechos. Después de todo, no se ha cometido ningún crimen. La misma Consejería de Cultura ha matizado su criterio y se muestra renuente a dar luz verde a la ejecución de la sentencia, propiciando prórrogas y recreándose en la elaboración de los informes sobre la correcta reversibilidad del monumento.

Cierto es que el actual teatro romano fue el resultado de un alarde de tozudez y de ligereza a la hora de interpretar la ley. Fue, además, una temeridad emprender tan vasta reconstrucción sin haber pulsado la opinión pública, que acaso hubiese marcado la pauta a seguir, alentando o frenando en seco la iniciativa. Eran tiempos, todo hay que decirlo, de efervescencia cultural y de intrepidez. Pero aquellas temeridades nos han abocado a este trance que puede convertir en cascotes el coliseo saguntino. Todo depende del empecinamiento o discreción del letrado que nos ocupa y a quien hemos de reconocerle la coherencia. Pero rendido este tributo también nos preguntamos por qué manías o intereses le conminan a exigir la ejecución de la sentencia con el fin de recuperar lo que, en todo caso, ya es irrecuperable. Cuélguese una medalla y no agrave un error con un disparate.