El Gobierno catalán redacta una ley para quedarse con las líneas de metro y privatizarlas

El Gobierno catalán ha remitido al Parlament un proyecto de ley que, una vez aprobado, le permitirá hacerse con la propiedad de las líneas de metro y, si lo cree oportuno, privatizarlas. El proyecto tiene el visto bueno del Partido Popular. La ley crea una empresa (el Ente Ferroviario Catalán) para que se convierta en propietaria de las líneas ferroviarias dependientes del Gobierno catalán y también de las 'complementarias' y 'accesorias', es decir, el metro.

El Gobierno catalán aprovechó la mayoría parlamentaria para liquidar la Corporación Metropolitana de Barcelona, una agrupación municipal que veía como un contrapoder. En aquel momento no se atrevió a suprimir todas sus funciones y, entre otras, permitió que la Entidad Metropolitana del Transporte mantuviera las competencias en 'el servicio del transporte público subterráneo', según la ley aprobada en 1987.

Ahora ha decidido laminar incluso este poder y añadir al texto legal una coletilla: 'Salvo que la Generalitat se reserve la gestión directa o que por aplicación de las directiva sobre política de transporte por ferrocarril la prestación de este servicio pueda ser asumida por otras empresas ferroviarias', es decir, puede quedarse con las líneas y privatizar la gestión de los trenes. La empresa sería dueña de las vías y los túneles, y cobraría un canon, previsto en la misma ley, por el paso de los trenes.

La ley no se queda aquí. Una disposición adicional autoriza al Gobierno catalán a 'acordar la transferencia' a la nueva empresa 'de la titularidad de las infraestructuras actualmente existentes en materia de transporte ferroviario competencia de la Generalitat, así como de las que sean accesorias o complementarias'. El proyecto de ley no olvida autorizar al nuevo organismo a endeudarse para realizar obras o proyectos.

La oposición criticó ayer con dureza el proyecto de ley. El diputado socialista Manel Nadal destacó que el preámbulo de la ley habla una y otra vez de economía y ni una sola de la seguridad de los viajeros, y añadió que se trata de un ataque más a las competencias municipales. 'Jordi Pujol no ejerce las competencias que tiene, pero sigue queriendo las de otros', añadió.

Nadal criticó que la ley aluda a directivas comunitarias pensadas para el transporte interurbano para imponer normas que afectarán al transporte urbano porque, dijo, es seguro que no se atreverá a imponer la transferencia de las líneas de cercanías que dependen del Gobierno del PP.