Escuelas sin profesorado suficiente

Los centros británicos de secundaria han arrancado el nuevo curso con un déficit de personal permanente que un par de sondeos calculan en 5.000 y 8.000 profesores, respectivamente. La magnitud del problema quedó latente el mes pasado cuando el inspector de la red de escuelas estatales, Mike Tomlinson, reconoció que la falta de profesorado afecta a la mayoría de las regiones en unos niveles no experimentados desde los años sesenta.

Para rellenar las plazas, los directores se han vistos forzados a contratar sustitutos, personal no diplomado y profesores extranjeros. Además, un creciente número de licenciados impartirá clases este trimestre en materias fuera del campo de su especialización. Una encuesta de la Asociación de Responsables de Secundaria sugiere que un quinto de los profesores contratados para el otoño no 'están a la altura del trabajo'.

El problema no es nuevo, pero su empeoramiento pone en cuestión la eficacia del plan de choque del Gobierno de Tony Blair. El incremento de los paquetes salariales -del 6% para los nuevos reclutas y del 3,7% para el resto del profesorado con bonificaciones extra en función del grado de experiencia- y los incentivos para los estudiantes de magisterio no han frenado la crisis que arrastra la educación pública. El 40% de los profesores abandona el trabajo antes de concluir su tercer año en la enseñanza secundaria.

En 1997, Tony Blair presentó la educación como eje fundamental de su gestión y, tras emprender la reforma de la enseñanza primaria, concentra su segundo mandato en la secundaria. Entre las medidas que llegarán este año al Parlamento, el Gobierno contempla ceder mayor autonomía a las escuelas que mejoren su gestión, es decir, cuyos alumnos lideren las tablas de resultados en los exámenes nacionales.

Pero el debate se presenta polémico en dos cuestiones clave de la reforma. El posible aumento de la selección de alumnado a medida que crece el número de escuelas especializadas con el apoyo financiero del Estado y la iniciativa privada. Y, por otra parte, el papel real que el sector privado desempeñará en la mejora de la enseñanza pública. El Gobierno debe aún convencer a directores, profesores, sindicatos y parlamentarios laboristas de que, como señala en su propuesta de reforma, la educación es un 'servicio público gestionado por personal del sector público'.