Junta y TSJA empiezan a tomar medidas para mejorar la situación judicial en Marbella

La Junta y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han decidido multiplicar sus esfuerzos para tratar de normalizar el funcionamiento de los Juzgados de Marbella, cuya conflictividad ha sido denunciada desde hace décadas por jueces, abogados y ciudadanos. El martes, el Consejo General del Poder Judicial aprobará el envío de cuatro jueces de refuerzo, y mañana, la consejera de Justicia, Carmen Hermosín, se desplaza a la ciudad malagueña para inaugurar un nuevo juzgado, el octavo, que aún no tiene juez asignado. La Consejería proyecta desplazar al nuevo edificio alquilado otros tres juzgados y dejar sólo cuatro en el actual, junto a la Fiscalía y los forenses.

La plaza de magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Marbella saldrá ahora a concurso. Si hay jueces que voluntariamente quieran optar a ella, se prevé que quede cubierta en un plazo de dos meses. Si no los hay, habrá que asignarla por el procedimiento de ascenso forzoso, lo que podría prolongar hasta seis meses la ausencia de un juez titular.

Entretanto, serán los magistrados de los restantes juzgados de Marbella los que tramiten los asuntos. También se tardará entre dos y tres meses en cubrir con carácter definitivo las plazas de los diez funcionarios que corresponden al Juzgado. De momento, la oficina judicial estará compuesta por diez interinos contratados por la Junta -cinco auxiliares, tres oficiales y dos agentes- que comienzan a trabajar mañana.

Paralelamente, el TSJA ha decidido enviar en comisión de servicio a cuatro jueces de Instrucción de Málaga. Estos magistrados se desplazarán a Marbella por las tardes junto con funcionarios de sus respectivos juzgados para colaborar en la puesta al día de los asuntos. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobará en el pleno del martes la adopción de esta medida, solicitada por el alto tribunal andaluz.

Pero, pese a todos estos avances, la situación del partido judicial de Marbella sigue siendo preocupante. Las últimas encuestas del CGPJ sitúan esta plaza entre las cinco de toda España menos apetecidas por los magistrados. De hecho, en los últimos meses, cuatro jueces han pedido traslado, y hasta el momento sólo se ha logrado dotar dos de las vacantes. Mientras se cubren las otras dos plazas -los números 4 y 5-, sus antiguos titulares, Antonio Navas y Antonio Ruiz Villén, continúan desempeñando sus funciones en comisión de servicio. También se da la circunstancia de que la juez decana de Marbella, María Luisa de la Hera, se encuentra actualmente de baja por maternidad, lo que obliga al resto de jueces a realizar sustituciones.

Trama de corrupción

Pero los problemas de personal no son los únicos ni los peores que soporta el partido judicial. El robo y borrado informático de 13 sumarios relacionados con el alcalde de Marbella, Jesús Gil, realizado presumiblemente por trabajadores de los propios juzgados, ha puesto de manifiesto la existencia de una trama de corrupción. En 1987, un informe del entonces inspector del CGPJ Baltasar Garzón ya advertía de este problema.

Años más tarde, en 1993, la juez Blanca Esther Díez intentó combatirlo con poca fortuna, pero siete años después, en enero de 2000, la expulsión de la carrera judicial de la juez decana, Pilar Ramírez, hija del influyente ex oficial de los juzgados, Juan Ramírez, confirmó que las acciones emprendidas por Díez no carecían de fundamento. La petición del PSOE de Marbella y de la consejera de Justicia de la Junta de que sea la Fiscalía Anticorrupción la encargada de investigar el robo de sumarios abunda en la idea de que los juzgados no están limpios.

En los últimos años se han multiplicado las voces que piden una limpieza de los Juzgados de Marbella: asociaciones judiciales como Jueces para la Democracia, agrupaciones de vecinos como la Plataforma Ciudadana por la Justicia o la Comisión Salduba, representantes políticos como la portavoz socialista Isabel García Marcos o la parlamentaria autonómica de Los Verdes Inmaculada Gálvez han formulado peticiones en este sentido. Pero, hasta ahora, ni el Consejo General del Poder Judicial, ni el Ministerio de Justicia ni la Fiscalía General del Estado han tomado las riendas del asunto. En cuanto al robo, la investigación penal sigue su curso, sin que hasta ahora se haya imputado a nadie.