Noches de vigilia en Legazpi

Los ocho metros de asfalto de la calle de Teresa López Valcárcel son la frontera que separa dos mundos enfrentados y obligados a convivir en la zona sur del barrio de Legazpi (Arganzuela). Al oeste se levantan naves industriales abandonadas en las que se refugian vendedores de droga y centenares de toxicómanos que acuden a adquirir sus dosis. Al este, más de un centenar de propietarios de unas flamantes viviendas de nueva construcción, 'hartos de la venta de drogas en el barrio, que lo ha inundado de atracos y robos en las casas', llevan dos semanas patrullando en grupos por el barrio cada noche para ahuyentar a los drogodependientes y camellos y llamar la atención sobre su situación.

La tensión entre los vecinos y los ocupantes de las naves -que comenzó en mayo pasado, según los residentes- ha subido de tono en las últimas semanas. A finales de agosto se produjeron los primeros conatos de agresiones físicas y, en la madrugada del pasado miércoles, unos desconocidos arrojaron seis botellas incendiarias contra una casa ocupada por 16 personas sin techo a quienes los vecinos acusan de participar en el trapicheo de droga. El incidente fue confirmado por la policía y los bomberos, que acudieron a sofocar el pequeño fuego causado por el ataque.

Miguel Ángel, Juan Muñoz y un centenar largo de vecinos se concentraban a las 22.30 del pasado miércoles, como cada día desde hace dos semanas, 'para denunciar que es una injusticia que, teniendo localizados los cuatro o cinco puntos de venta de droga, no se haga nada para pararlo'. 'Compramos nuestros pisos por 40 millones de pesetas con la ilusión de vivir en un lugar agradable, y ahora no podemos ni dejar a los niños jugar en la calle', se lamentan los vecinos.

El trasiego de toxicómanos es visible durante todo el día. Pero las autoridades dicen que poco pueden hacer por detenerlo. 'No podemos arrestar a los consumidores, y para entrar en las naves donde presumiblemente se trafica necesitamos una orden judicial', explican fuentes policiales. Aun así, un vehículo policial monta guardia por las noches para prevenir males mayores.

En apenas 100 metros de la calle Maestro Arbós, los vecinos afirman que hay cuatro puntos de venta. Uno en el número 23, otro en el número 15 (antiguo Economato Laboral de la empresa Talbot) y dos más en el 17. La creciente presencia policial no satisface a los vecinos, que la consideran insuficiente.'Por eso salimos a la calle, para denunciar lo que está pasando y alejar a los toxicómanos a gritos', dice una mujer. La ronda nocturna no está exenta de cierta tensión. Cuando aparece algún supuesto toxicómano, los vecinos le increpan. Mientras, desde las ventanas de los edificios ocupados asoman cabezas que insultan a los de abajo.

Primeros conatos de pelea

Justo en la frontera, la casa que fue atacada el miércoles, ocupada por 16 inmigrantes y ex toxicómanos, focaliza la disputa. 'En la casa se han vendido drogas hasta hace una semana', asegura Miguel Ángel. Los primeros conatos de pelea se produjeron junto a la vivienda -que está en trámite de desalojo, según la Junta Municipal de Arganzuela-. Los vecinos presionaron a los ocupantes de la casa para que dejaran de trapichear. 'Acordamos con ellos que no habría más droga en la casa y que se marcharían en una semana', relata Miguel Ángel. 'Lo primero parece que lo han cumplido, pero lo segundo no. Hoy [el miércoles] acaba el plazo y aquí siguen', apostilla.

Paul y Begoña, él originario de Ghana y ella una ex toxicómana española que dice haber dejado la droga con un programa con metadona, niegan que en la casa que ocupan se vendan estupefacientes. 'Casi no tenemos dinero para vivir. ¿Crees que vendiendo viviríamos así?', pregunta Begoña señalando la destartalada casa. Paul dice que el ataque con los objetos incendiarios les sorprendió mientras dormían. Uno incendió el tejado, aunque los bomberos frenaron su extensión.

'No queremos problemas con los vecinos, pero no vamos a dejar que nos ataquen de esta manera', advierte Paul. Algunos residentes se desmarcan rápidamente del ataque y admiten que, ante el deterioro de la situación, 'puede ser que alguien se haya pasado de la raya'.

Policía, vecinos y la concejal presidenta de Arganzuela, Eva Durán, coinciden en que la solución al conflicto pasa por el derribo de los edificios en los que, presuntamente, se vende droga. 'Ya fueron derribados seis cuando se consiguió la orden de los dueños. Estamos siguiendo el proceso con los demás, pero si un propietario, como el de Maestro Arbós, 23, no quiere, nosotros no podemos hacer nada', explica Durán. Este edificio ha sido desalojado judicialmente y vuelto a ocupar por los presuntos traficantes tres veces en los últimos meses.