La enseñanza de religión en Andalucía cuesta 7.500 millones de pesetas a las administraciones

La clase de religión se ha convertido en una asignatura polémica en este principio de curso. El caso de varios profesores relegados por la jerarquía católica, encargada de seleccionarlos, o el de curas casados que sí son admitidos en las aulas para dar religión han recordado que la administración civil ha dejado un hueco de casi total libertad a los poderes religiosos en un estado laico y aconfesional. 1.946 profesores de primaria y 860 de secundaria imparten clase en las aulas andaluzas con un coste de, aproximadamente, 7.500 millones, 2.500 de los cuales los costea la Junta. Y todo eso sin oposiciones, concursos públicos ni control laico: la Iglesia designa a estos profesores y la administración tiene que aceptarlos.

El ingreso en la administración pública española tiene pocas variantes: se oposita y se consigue una plaza para toda la vida, o se participa en un concurso de méritos y se tiene un puesto para un periodo de tiempo determinado. En cualquier caso, la administración elige y paga. No es así en el caso de la enseñanza de la religión en los centros públicos. La Iglesia Católica -y otras religiones- tienen un fuero que les permite saltarse ese régimen.

2.800 profesores en Andalucía, y algo más de 15.000 en toda España, son elegidos directamente por los representantes de la Iglesia Católica para dar clase de religión en los centros públicos, gracias al Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede en materia de enseñanza y cultura, firmado en 1979. En este caso, la iglesia elige y los impuestos públicos pagan el servicio. En el caso de primaria, es el Ministerio de Educación quien sigue gestionando todo ya que esta asignatura está aún por transferir a las comunidades, lo que no ocurre en secundaria.

Gracias a este acuerdo y otras leyes que lo desarrolla, los obispos o, en la práctica sus delegados de enseñanza, son los únicos con potestad para baremar, elegir y proponer los profesores de religión.

La administración está obligada a aceptar esa propuesta y a contratarlos. Los requisitos son, además de tener una diplomatura para primaria y una licenciatura para secundaria, conseguir la Declaración Eclesiástica de Idoneidad (que otorga la Iglesia) y superar una entrevista en la que debe quedar claro que se vive conforme a lo que se pretende enseñar. Aparentemente, y por lo ocurrido estas semanas, esta es la fase más peliaguda del trámite. Paloma Suárez es la delegada de enseñanza del Arzobispado de Granada y, cada mes de septiembre, se encarga de hacer el listado de las personas que pueden ejercer de profesores de religión. Paloma Suárez comprueba, además de que la documentación incluya los títulos oportunos, que el aspirante pueda demostrar 'un verdadero compromiso de participación eclesial, como que forme parte de grupos de católicos, realice alguna labor pastoral o participe en actividades parroquiales'.

Ahí es donde han pinchado algunas profesoras estos días pasados. De hecho, cuando el profesor es desconocido en la diócesis, le piden referencias, es decir, que alguien lo presente. Si el compromiso es demostrado, el aspirante tiene un puesto en las aulas públicas. Esta capacidad de la Iglesia para decidir sobre asuntos civiles es lo que hace que muchos piensen que, en realidad, el caso de Resurrección Galera o el de otras personas a las que la Iglesia no las ha renovado en su listado de profesores es algo muy sencillo: 'El obispo te lo dio, el obispo te lo quitó'.

Críticas

Muchos opinan que lo ocurrido estos días es sólo el tramo final de un problema superior, la propia existencia de la asignatura de religión. Práxedes Caballero es profesor de filosofía en un instituto sevillano y pertenece a un grupo de defensa de la enseñanza pública. Caballero cree que 'lo único que debe formar parte de la educación es aquello a lo que podemos llegar en una aproximación científica, cultural... porque, además, eso es evaluable; la religión no es una asignatura evaluable'. Aunque este sea el criterio de Caballero, la ley dice que la asignatura es evaluable aunque no se puede contabilizar para la media de selectividad, cambio de curso...

Otra vía de escape de la jurisdicción civil está a la hora de decidir los contenidos de los libros. Según el acuerdo con Roma, y vale igualmente para otras religiones, 'a la jerarquía eclesiástica corresponde señalar los contenidos de la enseñanza y formación religiosa católica, así como proponer los libros de texto y material didáctico relativos a dicha enseñanza y formación'. En definitiva, las iglesias eligen profesores y contenidos.

También según los acuerdos con la Santa Sede, 'los planes educativos ... incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los Centros de educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales'.

Así, el decreto de Enseñanzas Mínimas para secundaria aprobado por el Gobierno a final del curso pasado establece para la religión (o su alternativa: talleres de cine y televisión, de ajedrez, cuentacuentos, prensa en el aula,...) 105 horas en cada uno de los ciclos de secundaria obligatoria frente a las 70 de educación física, las 35 de plástica y música. En el segundo ciclo de ESO, las 105 horas de religión superan las 90 de ciencias de la naturaleza. En bachillerato, las 70 horas de religión igualan las 70 de historia y son más que las 35 de educación física.