La fiscal pide seis años por desplegar una pancarta en el Parlamento valenciano

Los nueve miembros de la Federación de Función Pública de UGT que desplegaron una pancarta en las Cortes valencianas el 21 de noviembre de 2000 podrían ser condenados a seis años, y perder su condición de funcionarios, por un delito de atentado contra las instituciones, según la calificación de la fiscal Rosa Guiral. La protesta, repetida por la FSP-UGT en otros Parlamentos, incluido el de Castilla y León y el central, ha tenido varias consideraciones jurídicas. En Valencia, el fiscal que hizo el informe en diligencias previas calificó los hechos de posible delito de perturbación del orden de sesiones, cuya pena va de seis meses a un año de prisión. Sin embargo, una vez ocurridos los hechos -en los que la FSP-UGT protestaba por la subida salarial del 2%- pasaron al Juzgado de Instrucción número 16, lo que ha cambiado las cosas. Previa a la calificación de la fiscal adscrita, desde la Fiscalía General del Estado se remitió una circular por la que se consideraba que los delitos contra los 'altos organismos de la nación debían ser juzgados por la Audiencia Nacional'. Según Luis Lozano, secretario general de la FSP-UGT, en Castilla León se inhibieron en favor de la Audiencia mientras en Valencia la fiscal eleva la consideración de los hechos en lo que parece 'una maniobra política para distraer la atención sobre Gescatera'.