El fiscal pide penas de 3 años por los destrozos en Sants el 12 de octubre

Desórdenes públicos, daños y atentado a la autoridad. Éstos son los delitos que el fiscal imputa a los detenidos por los destrozos causados en el barrio barcelonés de Sants el 12 de octubre de 1999 al acabar una manifestación convocada por la Plataforma Antifascista. En esos incidentes fueron detenidas 22 personas, 14 de las cuales estuvieron ocho días en prisión por la 'alarma social' que causaron los hechos y acusadas de asociación ilícita, un cargo que la fiscalía ha retirado ahora.

La manifestación que precedió a los incidentes reunió a unas 600 personas, que pretendían llegar a la plaza de los Països Catalans, donde cada año se reúnen grupos ultraderechistas con motivo del Día de la Hispanidad. La policía lo impidió y, al disolverse la marcha, numerosos escaparates de tiendas y bancos de Sants fueron arrasados por grupos de manifestantes. 24 personas fueron detenidas, 22 acabaron ante la juez de guardia y 14, entre ellas dos menores, fueron encarceladas.

La magistrada Remei Bona razonó esa decisión por la 'alarma social' que causaron entre la población los cuantiosos destrozos ocasionados, en la línea de la petición formulada por la fiscalía y el abogado de Caixa Catalunya, que compareció como acusación. El encarcelamiento de estos jóvenes acordado por la juez fue criticado con dureza desde el Colegio de Abogados de Barcelona, el Ayuntamiento de la ciudad y otros sectores, hasta el punto de que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Guillem Vidal, hubo de salir en defensa de la magistrada y pedir 'mayor respeto' para las decisiones judiciales.

'Violencia gratuita'

Ocho días después, la juez rectificó y excarceló a los 14 jóvenes al entender que 'por razones diversas parece haberse aplacado el rechazo social por la violencia gratuita desplegada por los participantes', aunque mantuvo todos los cargos: asociación ilícita, desórdenes públicos, atentado, daños y lesiones. En el auto de libertad la juez no concretaba la identidad de la supuesta organización a la que pertenecían los jóvenes al considerar que resulta 'obvio que del tipo de colectivos participantes no consten estatutos, actas de reunión con el nombre de los asistentes o convocantes de la manifestación y toma de acuerdos, dada su estructura asamblearia'.

Ahora la fiscalía acusa a 17 jóvenes de desórdenes públicos y daños y pide para cada uno 18 meses de cárcel y 960.000 pesetas de multa, respectivamente. El fiscal también pide 18 meses de cárcel para 14 de estos jóvenes por un delito de atentado cometido durante los enfrentamientos con la policía y cuatro años para otra persona detenida unos meses después. En el caso están inculpados también otros cuatro jóvenes, que serán juzgados en una causa aparte.

Las defensas de los acusados consideran que el hecho de que la fiscalía no acuse ahora de asociación ilícita 'demuestra que el encarcelamiento se produjo de manera precipitada' y que se tratada de una medida 'desorbitada'. Los abogados, que reclamarán la absolución, creen que 'el escrito de la fiscalía deja las cosas en su sitio desde el punto de vista jurídico'.