Terrassa niega que la detenida por colaborar con ETA tuviera acceso a datos confidenciales

El Ayuntamiento de Terrassa negó ayer que Laura Riera, la joven encarcelada por facilitar presuntamente datos a los miembros del comando Barcelona de ETA y que trabajó de forma eventual en el consistorio, hubiera tenido acceso a información privilegiada. El juez ordenó prisión incondicional para Riera por entender que facilitó información sobre el domicilio y el coche del concejal del PP de Viladecavalls, Francisco Cano, asesinado por ETA con una bomba bajo su coche.

Al conocer la acusación contra Riera, el Ayuntamiento de Terrassa abrió una investigación interna para averiguar a qué tipo de información habría tenido acceso. Ayer emitió un comunicado en el que asegura que la presunta colaboradora de ETA 'sólo tenía acceso a información derivada de sus trabajos, al igual que la mayoría de empleados municipales de su misma categoría laboral y ámbito de trabajo'.

Dos contrataciones

El consistorio explica en su nota que Laura Riera, de 23 años, tuvo dos contrataciones continuadas con la administración local. La primera fue de carácter laboral temporal por interinidad desde el 12 de abril de 1999 hasta el 30 de septiembre de 1999 con categoría de ayudante administrativa. En esta etapa fue adscrita a la Unión de Gestión Censal y Tributaria del Departamento de Multas y realizó tareas administrativas de apoyo en el cobro de sanciones.

Posteriormente, Laura Riera fue nombrada funcionaria interina desde el día 1 de octubre de 1999 hasta el 15 de mayo de 2001 también como auxiliar administrativa y adscrita de nuevo al Departamento de Multas de la Unidad de Gestión Censal y Tributaria. Esta función la desarrolló hasta el 29 de enero de 2001, cuando pasó a la Unidad de Planificación y Seguimiento Económico, en la que realizó tareas administrativas de apoyo en la contabilidad de las facturas de proveedores del Ayuntamiento de Terrassa y sus correspondientes pagos.

El alcalde accidental de Terrassa, el socialista Antoni Prunés, dijo en el momento que anunció que el consistorio abriría una investigación para verificar a qué datos pudo acceder Laura Riera que 'el Ayuntamiento no se puede hacer responsable del mal uso que cualquier trabajador del consistorio o empresa que dependa del Ayuntamiento pueda hacer de su puesto de trabajo'. En el comunicado, el Ayuntamiento, sin embargo, no especifica si la detenida tenía acceso a datos sobre matrículas de vehículos o los propietarios de estos, tal como defiende la Guardia Civil.

Laura Riera fue detenida el viernes 24 de agosto dentro de la operación que la Guardia Civil hizo en Cataluña para desmantelar un reconstituido comando Barcelona, donde se detuvieron a seis personas, una de las cuales, la periodista Aurelia Comas, fue puesta en libertad sin cargos.