El Gobierno considera 'legal' el despido de la profesora Galera

'Me he puesto en contacto con la Conferencia Episcopal', reconoció ayer Pilar del Castillo. Lo hace, añadió, con la intención de 'intentar' que los obispos 'reconsideren' el caso. La ministra de Educación adelantó estos mensajes a la jerarquía católica: una 'llamada a la reflexión' y su deseo de que 'las cosas se resuelvan razonablemente'. Preguntada por las peticiones para que se modifique el convenio entre el Estado vaticano y España que permite a los obispos este tipo de actuaciones, la ministra dijo que 'no es una cuestión que se solvente en este momento', porque es 'complejo' y supondría revisar todo el tratado.

Fue el 26 de febrero de 1999 cuando el Gobierno de Aznar introdujo 'dos cambios esenciales' -así los calificó entonces la Iglesia- en el estatuto jurídico de los docentes de religión católica en los colegios públicos, al convertirse el Ministerio de Educación en empleador y pagador de los 13.000 profesores que hasta entonces contrataba y pagaba el episcopado. Dicho convenio lo firmaron el ministro de Educación -el ahora vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Interior, Mariano Rajoy-, la ministra de Justicia y el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

El PSOE presentará el lunes en el Congreso una proposición no de ley urgiendo la reforma de este convenio de 1999 porque lo que le está ocurriendo a la profesora Galera 'es legal porque el Gobierno de Aznar ha querido'. 'Una cosa es lo legal y otra muy distinta lo legítimo. El Gobierno tiene que denunciar ese convenio porque los obispos lo están utilizando de manera abusiva, atentando contra el derecho a la intimidad e, incluso, contra el derecho al matrimonio. Es inquietante la actitud del Gobierno, mirando hacia otra parte ante esta flagrante vulneración de los principios constitucionales', declaró la diputada socialista Amparo Valcarce.

A las severas y numerosas críticas que ha recibido este comportamiento del Gobierno y de los obispos se unió ayer la de Convergència i Unió, cuyo portavoz de Educación en el Congreso, Ignassi Guardans, aseguró que el caso de Resurrección Galera 'pone de manifiesto que el sistema de designación y remuneración no es válido'. 'No es posible que quien cobra del dinero público sea sancionado por casarse con un ciudadano divorciado. Apoyamos que se revise el sistema', concluyó el portavoz de CiU.