Dimite el subdelegado de Tarragona, acusado de ofrecer 'papeles' a cambio de favores sexuales

El subdelegado del Gobierno en Tarragona, Raúl Navarro Roldán, presentó su dimisión el pasado miércoles para poder defenderse de la acusación realizada por, al menos, una mujer rusa que asegura que Navarro le ofreció regularizar sus papeles a cambio de favores sexuales. La investigación, abierta hace 15 días, se encuentra en fase de diligencias previas y bajo secreto de sumario en el juzgado número 9 de Tarragona. El subdelegado declaró ante el juez, junto con otros imputados, el pasado jueves. La delegada del Gobierno en Cataluña, Julia García-Valdecasas firmó ayer su cese.

Navarro presentó la dimisión inmediatamente después de conocer su implicación en un caso que relaciona inmigración ilegal y prostitución, aunque en una escueta nota remitida por la Subdelegación del Gobierno en Tarragona a última hora de ayer se explica que Raúl Navarro ha presentado su dimisión al ministro para las Administraciones Públicas, Jesús Posada, 'por motivos de salud'.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Cataluña indicaron ayer, sin embargo, que la dimisión estaba relacionada con el caso y que fue aceptada de inmediato el mismo miércoles, después de que la delegada, Julia García- Valdecasas, consultara con el ministro del Interior, Mariano Rajoy, y con Posada. Ambos estuvieron de acuerdo en que Navarro debía ser destituido inmediatamente. 'Ha pedido estar libre para poder defenderse. Que se defienda', dijo ayer un portavoz de la delegación en Barcelona.

El PP de Cataluña se limitó ayer a 'respetar la decisión del subdelegado', subrayar que 'no hay escrito de acusación contra él' y que su decisión demuestra su voluntad de 'no perjudicar al Gobierno en este caso'.

El caso arranca con una denuncia presentada ante la Fiscalía de Tarragona que reveló la existencia de una trama de inmigración ilegal de mujeres procedentes de los países del Este que, una vez en España, eran obligadas a prostituirse. La vinculación de Navarro con el caso se basa, según fuentes conocedoras de la investigación, en su relación con un prostíbulo regentado por una mujer rusa. En el establecimiento se encontraban mujeres que no tenían permiso de residencia. Al menos una de ellas explicó que Navarro le había prometido 'papeles' a cambio de favores sexuales.

Raúl Navarro, nacido en Tarragona en 1963, afirmó en la toma de posesión de su cargo como subdelegado del Gobierno en Tarragona, el 14 de julio de 2000, que afrontar los problemas de la inmigración sería uno de sus objetivos. Bajo su mandato se ha diseñado una campaña que debía iniciarse este mes de septiembre. Recientemente, la subdelegación ordenó la expulsión de 24 personas, la mayoría de ellas procedentes de los países del Este. Entre los expulsados figuraban 14 mujeres de origen eslavo que habían sido detenidas durante una redada policial en prostíbulos de la zona.

Casado y con cuatro hijos, poco podía imaginar al ser nombrado que sólo 15 meses después tendría que dimitir por un asunto relacionado con la inmigración.La ascensión de este licenciado en Derecho y graduado social, afiliado al PP en 1993, se produjo de la mano de la dirección catalana del partido. En 1996, cuando era profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Rovira i Virgili, fue nombrado delegado del Ministerio de Trabajo en Tarragona. Tres años más tarde sucedió a Margarita López en la Subdelegación del Gobierno, después de que ésta dimitiera alegando 'motivos personales'. Entre éstos se contaba, sin embargo, una guerra sorda de la que el propio Navarro era uno de los protagonistas. Cuando se produjo la dimisión, Navarro fue el candidato que la dirección del PP catalán logró imponer a la delegada del Gobierno en Cataluña, García-Valdecasas.

Su gestión recibió fuertes críticas muy pronto. A los pocos meses de su nombramiento se enfrentó con los agricultores, a cuyas protestas respondió con cargas policiales que sembraron una fuerte polémica en Tarragona. Unió de Pagesos reclamó su dimisión e incluso en las filas del PP se alzaron entonces algunas voces criticándole por falta de flexibilidad y por romper el diálogo con los agentes sociales.