Seis fugas desde enero en los cuatro reformatorios

Son los jueces de menores, con el apoyo técnico de los equipos de psicólogos y pedagogos de la fiscalía, quienes deciden las medidas a adoptar con un chaval que delinque. Medidas que van desde la amonestación al internamiento en régimen cerrado, según la gravedad del delito y las circunstancias del chico. La nueva Ley Penal del Menor amplía el abanico de medidas alternativas al internamiento, como la libertad vigilada, los centros de día, las actividades en beneficio de la comunidad o la atención ambulatoria (en caso de toxicomanías).

El régimen cerrado se restringe a los casos más graves (lo más generalizado son los robos con violencia) o de mayor reiteración (por ejemplo, repetidos robos de vehículos).

En Madrid existen cuatro reformatorios, todos dependientes de la Consejería de Servicios Sociales. Tres de ellos son cerrados (El Pinar, con 40 plazas aunque sólo están ocupadas 27, en Fuencarral; El Madroño, con 15, y Renasco, con 12, ambos en Carabanchel) y uno semiabierto, el Altamira, con 20 plazas, en San Blas. Todos son de gestión pública menos El Pinar, regentado por una entidad privada, la asociación Cicerón, aunque con un coordinador y dos técnicos de apoyo del Gobierno regional.

Las fugas no son algo nuevo en estos centros. Este año la palma se la lleva El Pinar, donde, desde enero, se han evadido cuatro internos, los primeros en abril y los últimos a comienzos de agosto. Otros cuatro lo intentaron también sin conseguirlo. Asimismo, en junio se produjo un motín durante el cual un grupo de chicos se hizo fuerte en un módulo del centro provocando destrozos hasta que llegó la policía. La Fiscalía de Menores ha pedido un informe a la Comunidad sobre el funcionamiento de este reformatorio, que nació en medio de la polémica por la falta de experiencia de Cicerón.

En El Madroño ha habido una fuga y otras tres tentativas, y en Altamira, a comienzos de este mes, un chaval no regresó al centro tras salir de permiso.

Tanto la Consejería de Servicios Sociales como el Fiscal de Menores, Félix Pantoja, y el defensor del Menor, Javier Urra, señalan que, con la nueva Ley Penal del Menor, que eleva a los 18 años la edad mínima de ingreso en prisión (antes estaba en 16), están llegando a estos centros chicos más conflictivos por su mayor edad y porque en algunos casos han pasado por la cárcel.

Los reformatorios madrileños acogían ya antes a algunos muchachos de 16 a 18 años derivados por los jueces. Pero ahora son todos los de esa edad los que deben ir a estos centros, e incluso algunos mayores (hasta de 21 años) si el juez considera más educativo que cumplan las medidas impuestas en un reformatorio y no en prisión.

El Defensor del Menor destaca que el verano, con el buen tiempo y las fiestas, es una época más propicia para las fugas.