El Consell recorta inversiones para pagar gastos de funcionamiento y facturas de otras empresas

Una sóla modificación de crédito en el área de Sanidad ilustra la distancia entre las cuentas que aprueban las Cortes y el destino real de los fondos. El pasado 12 de junio el Consell acordó recortar el capítulo de inversiones directas en centros de atención primaria a la mitad y retiró 4.400 millones sobre los 9.900 previstos. También se recortaron mil millones de las inversiones previstas para construcción y mejora de centros de atención especializada. Los servicios centrales de Sanidad también renunciaron a 40 millones de los fondos previstos para mejora de equipos. En conjunto, un recorte de 5.440 millones, la cuarta parte del presupuesto total de inversiones directas en el área de Sanidad.

El dinero se destinó, según el DOGV, a 'atender el funcionamiento de nuevos servicios en varios centros sanitarios'. Los responsables de Sanidad olvidaron que una vez construido un centro debe financiarse su funcionamiento ordinario.

Los recortes en inversiones se detectan también en otras áreas. El 22 de mayo, el Consell acordó una sorprendente operación para destinar 3.167 millones de pesetas a una partida del capítulo de Gastos Diversos, cuya dotación inicial apenas ascendía a 45 millones para pagar 'trabajos realizados por otras empresas'.

Varias áreas recortaron sus presupuestos hasta logar sumar más de tres mil millones. Obras Públicas, por ejemplo, disponía de 1.800 millones de pesetas que debía transferir para que otras administraciones y ayuntamientos ejecutarán inversiones en infraestructura hidráulica o acometieran obras de urgente necesidad. Tal cantidad se redujo exactamente a la mitad.

Agricultura también recortó su capítulo de inversiones, que ascendía a 7.800 millones, en un total de 1.055. La partida más afectada fue la de estructuras agrarias, que sufrió un recorte de 744 millones.

Medio Ambiente también sacrificó 822 millones de su capítulo de inversiones en las partidas destinadas a restauración y atención a zonas degradadas, con un recorte de 350 millones, y a actuaciones sobre espacios naturales, inversiones en flora o reposición de animales.

La quinta parte de tales recortes, 610 millones de pesetas, se destinaron a afrontar las participación de la Generalitat en las actuaciones de emergencia para controlar la encefalopatía espongiforme bovina, el denominado mal de las vacas locas.

El resto del dinero acumulado en los diversos recortes -2.557 millones- apenas permaneció una semana consignado en la sección de Gastos Diversos. El 29 de mayo se trasladaron 700 millones a gastos de funcionamiento de la Consejería de Educación. Otros 1.020 millones se destinaron a gastos de funcionamiento de tres dependencias de la Consejería de Bienestar Social. Los restantes 857 millones también fueron destinados a Bienestar Social para dotar transferencias corrientes.

Es decir, el Consell recortó cerca de 3.200 millones de pesetas en inversiones; los depositó en una partida difusa durante una semana; y luego destinó esos fondos a pagar facturas en las partidas de funcionamiento ordinario de Educación y Bienestar. Una perfecta operación puente para evitar trasladar directamente fondos destinados a inversiones a gastos de funcionamiento ordinario.

Una resolución del consejero de Hacienda del 20 de abril saca a relucir otro recorte de inversiones reales en Obras Públicas debido, en esta ocasión, a un caso flagrante de mala administración. El DOGV explica que se recortan 500 millones del capítulo de inversiones porque 'como consecuencia de la ejecución del presupuesto, se originan determinadas obligaciones que derivan en el devengo de intereses de demora'. Es decir, los retrasos en la gestión de expedientes generan intereses de demora.

Entre las generaciones de crédito destaca una a favor de Sanidad, que deriva de un acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y Farmaindustria en 1998. Sanidad eleva sus ingresos en 3.200 millones. El destino es, como no, gastos de personal y facturas por prestaciones externas.

Pero lo que no recoge la última edición del DOGV es el volumen de ingresos pendientes que arrastra Sanidad desde 1998 y años anteriores.