El TSJA mantiene el concurso de la Junta de televisiones locales

La Consejería de la Presidencia convocó el concurso para adjudicar la gestión del servicio de televisión local por ondas terrestres el pasado 6 de febrero. Dos meses después, el abogado del Estado recurrió la orden y pidió la suspensión cautelar.

Esta solicitud se fundamentaba en que la convocatoria permitía tomar parte a todas las personas que reunieran las condiciones establecidas en el decreto 414/00 de la Junta, disposición en la que no se prohibía la gestión de las emisoras locales a cadenas de televisión, por lo que, mientras se resolvía el recurso, 'podrían emitir dichas cadenas con los consiguientes efectos irreversibles'.

Aunque el TSJA no ha resuelto aún el contencioso, en una pieza separada, con fecha 27 de julio, resuelve no suspender la convocatoria. El tribunal no estima la petición del abogado del Estado porque entiende que por el decreto 414 'quedó en perfecta sintonía con la legislación estatal el concepto de cadena de televisión manejado por la legislación autonómica'. El TSJA añade además en su argumentación desestimatoria de la suspensión que el Gobierno desistió de la impugnación presentada contra el decreto aludido.

El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías -que dio a conocer ayer en Málaga la decisión del tribunal andaluz- avanzó que la Junta elevará en septiembre un informe al Ministerio de Ciencia y Tecnología para avalar su petición de que se reforme la ley estatal de televisiones locales, que sólo permite dos licencias por municipio, una pública titularidad del ayuntamiento y otra privada. 'Es una aberración que se dé el mismo trato a Málaga o a Almería que a un municipio de 800 habitantes', apuntó el consejero para defender su postura de que debe ampliarse el número de licencias.

El consejero detalló que a la convocatoria de la Junta se han presentado 4.252 solicitudes: 215 corresponden a ayuntamientos, 1.858 a personas físicas, 2.065 a entidades con ánimo de lucro y 114 sin ánimo de lucro. Málaga, con 948 solicitudes, ha sido la provincia con mayor demanda, seguida de Sevilla (659), Granada (533) y Cádiz (532).

Zarrías argumentó que la modificación de la ley y el consecuente aumento de licencias permitiría acabar con una situación que, si bien no calificó de 'ilegalidad, consideró de 'alegalidad'. Para el consejero, la reforma de la ley daría seguridad jurídica a los empresarios, permitiría regular la asignación de potencia y frecuencia, a la vez que garantizaría una cobertura adecuada para los trabajadores.