La policía acorrala y detiene a 115 de los inmigrantes que protestaban en Barcelona

El desalojo fue preparado a conciencia. Desde primera hora de la mañana, la plataforma de apoyo a los inmigranes había alertado de la presencia de agentes de policía vestidos de paisano en los alrededores de la plaza de André Malraux. La acción se produjo justo cuando los sindicatos y las organizaciones cívicas presentes en la plataforma acababan de debatir en la sede de CC OO la última oferta de la Cruz Roja para alojar a los inmigrantes en una población cercana a Barcelona. La Cruz Roja sólo garantizaba alojamiento a 130 de los más de 200 acampados en la plaza de André Malraux.

A mediodía, la mayor parte de los miembros de la plataforma y muchos de los informadores abandonaron la plaza para seguir de cerca la reunión en la sede sindical, situada en la Via Laietana. Los inmigrantes se quedaron prácticamente solos. Fue entonces cuando la policía actuó.

A las cinco de la tarde, unos 30 furgones policiales se concentraron en la Gran Via, desde donde se dirigieron a la plaza de André Malraux. Al llegar allí, los agentes formaron una cadena alrededor de la plaza, en cuyo centro se encontraban los inmigrantes acampados. Al mismo tiempo, la policía se encargó de cerrar la boca de metro que hay en la plaza para impedir cualquier intento de fuga. La boca actuó como una trampa, puesto que algunos agentes policiales esperaron allí a los inmigrantes.

Paralelamente, el cordón policial del centro de la plaza se cerró, los acorraló y comenzaron las detenciones. Los inmigrantes, aterrorizados, intentaron escapar. Varias decenas de ellos lo consiguieron, pero fueron perseguidos por las calles y muchos acabaron también detenidos.

Los pocos miembros de la plataforma de apoyo presentes en la plaza intentaron evitar la actuación policial, pero sus súplicas no sirvieron de nada. 'Nos han pasado por encima', aseguró el miembro del sindicato CGT Sebastián Salvadores. La policía acabó deteniendo a unas 115 personas, que fueron trasladadas inmediatamente al Centro de Internamiento de Inmigrantes de La Verneda. Fuentes de CGT también aseguraron que cinco personas resultaron heridas durante la intervención policial. La detención de los inmigrantes, ordenada por el delegado del Gobierno en funciones, David Bonet, llegó mientras los inmigrantes solicitaban que la Cruz Roja alojara, además de a los subsaharianos desalojados hace 11 días de la plaza de Catalunya, a otros inmigrantes magrebíes que se habían sumado al colectivo y que también pedían la regularización.

Según Bonet, 'la mayor parte' de los detenidos ya tienen 'muy avanzado' el procedimiento de expulsión, por lo que serán repatriados. Bonet justificó la actuación policial diciendo que la situación era 'insostenible'. 'La protesta de los inmigrantes se estaba convertiendo en otra entrega de los encierros de la iglesia del Pi'.

Los inmigrantes que no tengan a punto la expulsión serán identificados y, si se encuentran en España en situación irregular, serán retenidos durante 72 horas. Pasado este plazo, un juez deberá decidir si los interna definitivamente en el centro de La Verneda. Durante la actuación de la policía se produjo tal confusión que, además de los inmigrantes, fueron detenidos cuatro miembros de la plataforma de ayuda e incluso un turista de raza de negra que en aquel momento pasaba por allí, informa Gisela Businache. A las siete de la tarde, miembros de la plataforma de apoyo a los inmigrantes se concentraron en La Verneda, donde pidieron la puesta en libertad de los detenidos.El delegado del Gobierno en funciones, David Bonet, justificó la carga policial afirmando que la Administración central 'no se comprometió en ningún momento a paralizar los procesos de expulsión abiertos'. Asimismo, aventuró que las detenciones seguirán en los próximos días. Por otra parte, fuentes de la Delegación del Gobierno aseguraron que tanto el Gobierno catalán como el Ayuntamiento de Barcelona sabían ayer que el desalojo y la detención de los inmigrantes era 'inminente'. Por ello, ninguna de las administraciones condenó la actuación policial ni el ingreso de los inmigrantes subsaharianos en el Centro de Internamiento de La Verneda.

La consejera de Bienestar Social, Irene Rigau, afirmó que la reivindicación de los inmigrantes desalojados ayer de la plaza de André Malraux de Barcelona 'no era la atención social, sino regularizar su situación'. En su opinión, y a pesar que los inmigrantes no detenidos se dispersaron por Barcelona, hay que seguir hablando 'como siempre se ha hablado de atenderlos de manera personal e individualizada en los servicios municipales de atención al inmigrante', de modo que, en adelante, 'no hay que hablar de colectivos, sino de personas'.

La concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Barcelona, Núria Carrera, no quiso analizar la intervención policial, pero aseguró que la oferta de alojamiento de la Cruz Roja a los inmigrantes subsaharianos queda 'en suspenso' porque no ha sido aceptada por los interesados tras varios días de negociaciones.

Dimisión de García-Valdecasas La dirección de la Cruz Roja tampoco analizó la carga policial y lamentó que no se haya aprovechado la oferta de alojamiento que realizó a los inmigrantes. Asimismo, esta institución manifestó la necesidad de que Cataluña disponga de un centro de estancia temporal para los inmigrantes en situación de vulnerabilidad social.

Poco después de la detención de los 115 inmigrantes, la dirección de Iniciativa per Catalunya-Verds pidió la dimisión de la delegada del Gobierno en Cataluña, Julia García-Valdecasas, a la que considera 'incapacitada' para desarrollar su cargo, y solicitó la libertad de los inmigrantes. El portavoz de ERC, Joan Ridao, calificó de 'desproporcionada e inútil' la actuación policial.

Esta mañana está previsto que las organizaciones de inmigrantes y los grupos de apoyo se reúnan para acordar una estrategia común destinada a evitar la expulsión de los detenidos ayer por la tarde. En esta reunión, el sindicato UGT defenderá que se presente una querella contra la delegada del Gobierno en Cataluña por ser la máxima responsable en esta comunidad de los cuerpos de seguridad del Estado. Las 19 entidades que apoyan a los inmigrantes acusaron a la Delegación del Gobierno de mantener una 'actitud indigna' con estas personas.