Aplicar la ley en Euskadi

Las detenciones relacionadas con el terrorismo callejero y la prohibición de una manifestación de Segi (la antigua Jarrai) podrían considerarse traducciones prácticas del compromiso de Ibarretxe, enérgicamente reafirmado hace dos días por Arzalluz, de dar prioridad a la lucha contra ETA y de 'perseguir con todas las medidas legales cualquier transgresión de los derechos humanos'. Ése es el camino para que la Ertzaintza recupere la autoridad que ha perdido, según sus representantes sindicales. Esa prioridad también debería proyectarse en una más efectiva cooperación entre la policía vasca y las fuerzas de seguridad del Estado. La disposición a avanzar en esa dirección se pondrá a prueba en la reunión que mantendrán mañana los número dos de Interior de Madrid y Vitoria.

La perspectiva de acuerdo que proyectó el encuentro entre Rajoy y Balza, el día 3, fue enfriada por el portavoz del PNV, que sembró de nuevo la duda al reiterar los tópicos nacionalistas sobre soluciones políticas y policiales, etcétera. La prioridad de Ibarretxe es incompatible con tales dudas: no hay medida política más oportuna que la eficacia policial, incluyendo la necesaria para acabar con la arrogante impunidad de los que se entrenan para terroristas abrasando ertzainas. Y esa eficacia poco tiene que ver con reivindicaciones nacionalistas (presencia en comisarías fronterizas y foros internacionales, etc.), defendibles, pero inocuas contra ETA.

Tampoco ha estado muy acertado Egibar al sostener que el sindicato Erne estaba conchabado con el PP, que era su correa de transmisión. Que más quisiera el PP que tener esa influencia en el sindicato mayoritario de la policía vasca. Hace pocos años era el PP quien acusaba a ese sindicato de formar parte del entramado abertzale, lo que hasta dio motivo para una querella por injurias. Lo que ha dicho Erne es que los criterios políticos aplicados por sus jefes nacionalistas llevaron a abandonar las tareas de información en relación al terrorismo callejero, y que ahora se están pagando las consecuencias, y que la actitud tolerante ha desgastado la autoridad de la Ertzaintza, frente a la que los encapuchados se sienten con derecho a todo. No sólo ellos: según Batasuna, detener a los acusados de violencia callejera supone 'seguir los dictados de Madrid de profundización en la vía policial'.

Que la Ertzaintza sea una policía integral no contradice, sino todo lo contrario, la necesidad de coordinación y cooperación con otras policías contra el terrorismo. La Ertzaintza está mejor situada, por arraigo territorial, para combatir con eficacia el terrorismo callejero, del que depende la renovación generacional de ETA. Admitir una cierta especialización de la policía vasca en esa tarea no supone ninguna involución autonómica, como se entretienen en denunciar los que siempre están con lo mismo. Ya es hora de dejar las obsesiones sobre el fuero y pasar a exigir resultados. Fue el propio Balza quien hace un año pidió reforzar los mecanismos de coordinación con las policías del Estado. No es la titularidad de la competencia, que nadie cuestiona, sino la eficacia con que la utilice lo que dará a la Ertzaintza la legitimidad de hecho que necesita para recuperar la autoridad que ha perdido.