La Generalitat trata de parar la especulación del suelo en Paterna que impide la ampliación del campus

La ampliación de la Universidad de Valencia, planificada para hacerse junto al campus de Burjassot, en unos solares expropiados en los años sesenta en el término municipal de Paterna, está sometida desde el año pasado a supuestas presiones de herederos de aquellos propietarios que fueron expropiados por el Instituto Nacional de la Vivienda, para ahora, tres décadas después revertirlos en suelo urbanizable. Se trata de poco más de 300.000 metros cuadrados de suelo, aprobados por acuerdo del último Gobierno socialista de Joan Lerma en 1995, para construir una zona de institutos tecnológicos que la universidad tiene en Paterna y ampliar las instalaciones de RTVV.

La legalización del acuerdo pasaba por escriturar las parcelas de secano expropiadas. Sin embargo, la Universidad y el nuevo Gobierno del PP se encontró en 1996 con que algunos propietarios a título individual pedían su reversión. La Administración de Zaplana, a través de Hacienda y la Dirección General de Patrimonio, comenzó un proceso de negociación que se intensificó en 1997 y 1998 para cifrar el coste de recompra de los terrenos a los pocos propietarios en conflicto, alguno de los cuales incluso logró, ya en la etapa popular, una sentencia de revocación firme.

En la primavera de 2000, aconsejada por el Consell, la Universidad optó por publicar un anuncio oficial para que todos los propietarios expropiados en los sesenta que no estuvieran conformes lo hiceran saber para que, de lo contrario, vencido el plazo legal de exposición, la Universidad pudiera continuar con el proceso jurídico previsto en 1995 y seguir su ampliación. Superado este plazo, se hizo una modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para declararlo como 'reserva dotacional de suelo'. Lo sorprendente, según fuentes oficiales, es que Administración y Universidad se toparon con modestos propietarios de un antiguo suelo de secano dispuestos a poner por delante hasta 200 millones de pesetas para evitar la recalificación, lo que levantó sospechas de que detrás está la presión especuladora de contructoras para edificar estos terrenos pegados al Barrio de La Coma.