La dirección regional del PP niega el fin del pacto contra el transfuguismo

Lo dicho por unos y por otros hace pensar que el acuerdo firmado por los partidos con representación estatal para aislar a los tránsfugas y no acceder al poder institucional con el apoyo de éstos, va a pasar por unos momentos delicados en Andalucía.

La jefa de la oposición andaluza aseguró ayer que 'no da por finalizado' el pacto, aunque lo ocurrido en Tolox, una localidad serrana malagueña de 2.500 habitantes, 'pone en peligro' el acuerdo, según afirmó ayer Antonio Sanz. A juicio del secretario general del PP, la actitud del PSOE en el caso ha sido 'de anuencia, de brazos cruzados y de complicidad'. En esa localidad el socialista Salvador Vera fue elegido alcalde el pasado sábado con el apoyo de los cuatro votos del PSOE, uno de IU y del tránsfuga del PP Juan Mesa, que hasta la pasada semana ocupaba la alcaldía. El PP anunció ayer la expulsión de éste, mientras que el secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Salvador Pendón, dijo que 'no cree' que se tomen medidas disciplinarias contra el nuevo alcalde. Pendón intentó justificar la actuación de sus compañeros: 'Estas cosas, desde la distancia, son difíciles de explicar, pero los intereses de este municipio requerían una solución'. Aludía de esta forma al expediente abierto contra el ayuntamiento para que devuelva fondos para el empleo agrario.

El propio Ramírez matizó ayer sus declaraciones del sábado, cuando dio 'por roto' el acuerdo en la provincia de Málaga y anunció que a partir de ahora están 'liberados' del pacto. 'Eso no conlleva que nos vayamos a poner a pactar con tránsfugas de todo el mundo, porque no es ni mi estilo ni el del partido', precisó. No obstante tanto Ramírez como Antonio Sanz no descartaron que la ruptura del acuerdo en Tolox 'tenga consecuencias', afirmó el secretario general del PP.

La principal interrogante que se ha abierto afecta no tanto al pacto antitransfuguismo como al acuerdo antiGIL firmado por todos los partidos. Y en concreto a su aplicación en Estepona (39.000 habitantes), donde el socialista Antonio Barrientos ocupa la alcaldía merced a un pacto suscrito entre PP, PSOE, PA e IU para impedir el acceso del Grupo Independiente Liberal (GIL) al gobierno municipal.

Ramírez no quiso concretar los acuerdos de gobierno que pueden peligrar. Respecto a la posibilidad de que el de Estepona sea uno de ellos, precisó: 'Yo no he hablado de Estepona'. 'Es lógico', añadió, 'que la actitud del PSOE tenga como consecuencia alguna ruptura; probablemente las haya, pero no las voy a anunciar hasta que llegue el momento de hacerlo'.

En el trasfondo de lo que afirman populares y socialistas se encuentra la creencia de que tanto unos como otros están tanteando a antiguos tránsfugas y concejales que en su día concurrieron bajo el paraguas del GIL pero que han huido de esas siglas con vistas a las próximas elecciones municipales de 2003. El PP cita el caso de Manilva, en Málaga, mientras que los socialistas apuntan hacia La Línea (Cádiz), donde el GIL gobierna con mayoría absoluta y se sospecha del pase en bloque de todo el equipo de gobierno a las filas del PP. Esta maniobra fue desmentida por Teófila Martínez: 'No tengo datos que me informen de ello'.