Ni oficial ni caballero

Se presentaba impecablemente uniformado de oficial de Marina a bordo de lujosos Mercedes y rodeado de guardaespaldas. Cumplía a las mil maravillas el papel de oficial corrupto que ofrecía importantes contratos de suministros para el Ejército con sustanciosas comisiones para repartir con los inversores, a los que exigía discreción sobre las operaciones porque debían pagarse con fondos reservados. Llegó poner en nómina a un conocido general de la Guardia Civil para gestionar 'una fundación que uniera a todas las fuerzas armadas del mundo'. El Tribunal Supremo acaba de confirmar a José Manuel Quintía Barreiros, capitán Timo, la última de una larga ristra de condenas por estafa en una sentencia que parece diseñada por el propio defraudador: le impone tan sólo seis años de prisión e incluso revoca la nulidad de las sociedades constituidas para sus estafas, que no pueden ser disueltas por un defecto de procedimiento.

'Capitán Timo' enviaba facturas al 'Comandante habilitado del Cuarto Militar de La Zarzuela'

La primera de sus operaciones se remonta a enero de 1992 y partió de una mecánica operativa tan simple como preguntar a un empleado de banca por la posibilidad de conseguir un inversor para adquirir una finca. El empleado trasladó la consulta a un superior y éste concertó una reunión a la que Quintía apareció vestido de militar de la Armada y bajo identidad falsa. Explicó que el Ejército quería adquirir una finca de 117.690 metros cuadrados en la madrileña localidad de Villalvilla. Como su propietario, debido a sus convicciones ecologistas, se negaba a vendérsela a los militares era preciso buscar un intermediario que la adquiriera previamente para después enajenarla al Ministerio de Defensa.

El banco le puso en contacto con una sociedad inmobiliaria y ésta con un importante empresario afincado en Asturias que iba a financiar la compra del terreno. Quintía fijó la operación de venta en 306 millones de pesetas y les dijo que ascendería a más de 100 la comisión que se repartirían los adquirentes y el fingido capitán de fragata. Pedro Moya, un secuaz de Quintía ya fallecido, cumplió el papel de supuesto representante del vendedor y un puñado de documentos de opción de compra, tan falsos como toda la operación, llevaron al empresario asturiano a realizar un primer desembolso de 156 millones en metálico a cambio de un impreso con membrete del Ministerio de Marina, con el marchamo de 'reservado', que llevaba un número de expediente relativo a la compra de la finca. En los meses posteriores, el empresario asturiano siguió abonando otras sumas hasta completar el pago.

Pero donde Quintía puso la guinda fue al adelantar 50 millones a los propios inversores para hacer frente a uno de los últimos pagos. El estafador se presentó en un Mercedes, acompañado de algunas personas que actuaban como sus escoltas, y entregó el dinero en metálico al empresario asturiano. Este lo hizo llegar seguidamente a Pedro Moya, ignorando totalmente que el dinero procedía de sus anteriores entregas y que a quien se lo estaba reintegrando en realidad era a Quintía, que actuaba de acuerdo con Moya. Por supuesto, contra la entrega firmó además un documento en el que reconocía haber percibido la suma de 50 millones para que Quintía recuperara después el dinero teóricamente adelantado.

En agosto de 1992, para eludir las insistentes reclamaciones de los empresarios exigiendo la escritura pública de la finca, Quintía se reune con ellos y les convence para realizar un nuevo negocio. Esta vez se trata de la venta de dos millones de juegos de sábanas, colchas y toallas al Ministerio de Defensa, que éste abonaría con fondos reservados porque la mercancía sería comprada en Portugal a las Fuerzas Armadas, a quienes se pagaría con material militar. El coste de cada juego de sábanas sería de 1.390 pesetas que pondrían los inversores y las venderían al Ejército en 1.790, repartiéndose las ganancias entre los inversores y Quintía.

Para dar más veracidad a la operación, Quintía les hizo constituir una sociedad llamada Federación Atlántica Internacional de Inversiones mediante escritura pública en la que él incluso aparece con su identidad falsa. Contra la entrega de nuevos documento apócrifos y reservados de Defensa, y rodeado de toda la parafernalia de escoltas y lujosos Mercedes, Quintía consiguió apoderarse en pocos meses de 809 millones de sus socios capitalistas.

A pesar de ser detenido y permanecer en prisión durante el mes de junio de 1993 por una orden de busca y captura, Quintía no para de hacer negocios. En noviembre de ese año consigue que la viuda del sastre militar que le confecciona los uniformes le presente al propietario de una famosa firma de óptica, a la que el ahora capitán de navío le saca 88 millones para comprar gafas Ray Ban en las bases americanas de Torrejón y Rota a un coste de 3.100 pesetas, para revenderlas al Ejército a 5.600. El industrial incluso participa en un concurso de adjudicación y obtiene un papel de la 'Jurisdicción Central de las FAS' firmado por un supuesto 'almirante presidente', que le acredita como adjudicatario de un contrato de 400.000 gafas.

Quintía también se dejó caer por una empresa de accesorios de automóviles de la que adquirió aparatos de radio, triángulos de averías, juegos de alfombras, transmisores y aparatos de telefonía móvil. Se llevó más de 20 millones en material y hacía enviar las facturas a supuestos coroneles de Intendencia e incluso al 'Comandante Habilitado del Cuarto Militar, Palacio de La Zarzuela'.

Con el dinero procedente de estas actividades creó un grupo empresarial para desempeñar las funciones que venían cumpliendo los economatos militares. Adquirió una flota de 34 furgonetas Mercedes que pintó con la bandera de España, arrendó inmuebles en Madrid, Málaga y Barcelona y alquiló tres naves industriales en Paracuellos del Jarama (Madrid) en las que instaló oficinas, cámaras frigoríficas, almacenes, garajes y su propio despacho, 'simulando el interior de un barco'. También fundó una 'Federación Agropecuaria Euroamericana de Naciones' para la que alquiló una finca de 259 hectáreas y compró caballos de raza y ovejas para aprovisionar de carne a los militares.

La estrella de Quintía comenzó a declinar cuando convenció a un conocido general de la Guardia Civil, Manuel P., para dirigir una 'Fundación Militar de Naciones', que uniera 'a todas las fuerzas armadas del mundo'. El general, que 'desde siempre había estado ilusionado por una idea de esta naturaleza', entró a trabajar en el grupo y recibió un sueldo mensual de 200.000 pesetas, oficina, chófer y secretaria. Sin embargo, al cabo de mes y medio Manuel P. descubrió la falsedad de la identidad y condición militar de Quintía e inició algunas pesquisas para descubrir la procedencia del dinero. Después contactó con funcionarios de la Guardia Civil que estaban sobre la pista del grupo, lo que llevó a la detención del estafador y al desmantelamiento del tinglado.

El Supremo constata que Quintía ha sido condenado en 'numerosas sentencias desde 1969', aunque sólo menciona las tres últimas por estafa y defraudación, con penas poco menos que simbólicas. Condenado por estos hechos en 1999 por la Audiencia de Madrid, el cambio del Código Penal y la despenalización de algunas figuras agravadas dejó su condena por sendos delitos continuados de falsedad en documento oficial y estafa de más de 1.200 millones de pesetas en tan sólo seis años de prisión, los mismos que ahora le ha confirmado el Supremo.

El Supremo deja traslucir cierta admiración por la 'compleja puesta en escena' que utilizaba Quintía para sus estafas y por su 'indiscutible y aparentemente ilimitada capacidad de fabulación', que llevó a 'personas solventes y con experiencia en el tráfico mercantil' a caer en la trampa que les tendió'. A éstos, el tribunal les reprocha su disposición 'a hacer un buen negocio aceptando procedimientos cuya licitud no les consta o renunciando deliberadamente a conocer todos los entresijos del mismo'.

La sentencia contiene un broche final digno del propio Quintía. Se acepta su recurso para revocar la nulidad de sus fundaciones Atlántica Internacional de Inversiones, Atlántica Empresarial de Naciones y Agropecuaria Euroamericana de Naciones, porque 'no se han podido defender, por no haber sido citadas en el proceso'.