La seguridad del edificio donde estalló una bomba divide a los peritos

El regreso de las familias a los seis apartamentos menos dañados por el material explosivo estaba previsto para ayer. Sin embargo, la disparidad de criterios, entre los peritos del Ayuntamiento de Torrevieja y de los técnicos del Ministerio de Interior, sobre el alcance de la explosión en la estructura del edificio impidió a los afectados entrar en sus viviendas. El administrador de la urbanización, Luis López, señaló ayer que la apreciación de una tercera empresa, especializada en este tipo de peritajes, decidirá el regreso o no de las familias.

Los inspectores municipales y del ministerio acordaron el pasado martes no demoler el edificio, pese a los daños causados por la onda expansiva del artefacto [compuesto por diez kilos de dinamita]. La explosión afectó a un total de 41 viviendas, aunque sólo seis quedaron totalmente destruidas; y otras seis, parcialmente afectadas. Mientras se ejecutan las obras de rehabilitación, que el Consistorio se ha encargado de contratar por la vía de urgencia, las seis familias directamente afectadas han sido realojadas en viviendas de alquiler, subvencionadas por el Ministerio de Interior. Las otras seis familias permanecen en hoteles a la espera de la decisión de esta tercera empresa. Estos gastos también corren a cargo del Gobierno.

Conclusiones técnicas Lorenzo Navarro, uno de los seis propietarios de estas viviendas, reclamó ayer que la solución se adopte de manera 'urgente' y acabar 'con este quebradero de cabeza'. Durante la mañana del miércoles, los propietarios se acercaron hasta la urbanización Puerto Romano, inmueble donde se registró el suceso, para conocer de primera mano las conclusiones de la reunión entre los técnicos municipales, del Ministerio de Interior y del Consorcio de Compensación de Seguros. Éstos últimos, a quien corresponde tasar los daños, desconocen todavía el coste de los desperfectos.