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LA NUEVA LEY UNIVERSITARIA

La oposición y los sindicatos rechazan el proyecto

El proyecto de Ley de Universidades que ayer aprobó el Consejo de Ministros provocó el rechazo de la oposición, sindicatos, rectores y varias asociaciones de alumnos. Sólo el el PP lo apoyó. CiU pidió que se modifique.

- PSOE. La secretaria de Educación del PSOE, Carmen Chacón, definió el proyecto de ley como 'un viejo modelo elitista impuesto a la sociedad'. Criticó, además, que Educación hubiera previsto 'sólo 3.000 millones de pesetas para aplicar la ley', lo que se traduce en 2.000 pesetas por alumno.

- CiU. El portavoz de Educación de CiU, Ignasi Guardans, aseguró que 'aún queda margen para mejorar la ley en el Parlamento'. CiU planteará que los rectores no tengan que cesar de forma inmediata al entrar en vigor la ley; que no se tenga que habilitar a un número fijo de profesores, y pedirá 'modificaciones en el ámbito competencial'.

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- Izquierda Unida. La coalición pidió la retirada del proyecto de ley, al que calificó de 'apresurado y regresivo'. Señaló, además, que la arbitrariedad en el acceso a la enseñanza pública que plantea la ley 'atenta contra la igualdad de oportunidades'.

- CC OO y UGT. UGT criticó en un comunicado que la ley no 'garantiza un sistema de enseñanza público de calidad' y que 'supone una vuelta al pasado'. Comisiones Obreras expresó en otro comunicado su intención de presentar su alternativa a los grupos parlamentarios de la oposición en septiembre.

- Estudiantes. La Federación de Estudiantes FAES y la Confederación CANAE pidieron, en una carta enviada a la ministra, que retire el proyecto. El sindicato CES, ideológicamente próximo al Gobierno, señaló que 'el proyecto está bastante bien'.

- Rectores. La Conferencia de Rectores (de la que forman parte 65 de los 68 rectores españoles) lamentó en un comunicado que el Ejecutivo hubiera aprobado el anteproyecto sin consenso y que no hubiera recogido las recomendaciones del Consejo de Estado. El rector de la Universidad de Barcelona, Joan Tugores, calificó a la Ley como 'propia del XVIII', y añadió: 'Para esconder este retroceso, se pretende hacer una orgía democrática que obliga a todos los rectores a dimitir'.

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