La Audiencia admitió en 2000 'el riesgo' que suponía otorgar un permiso al preso
3.000 personas acudieron ayer al entierro del agente Roncero en Moraleja (Cáceres)
El recluso Miguel Alberto Fernández Herviás, de 39 años, mató a un agente del Cuerpo Nacional de Policía el pasado jueves en un atraco a una sucursal bancaria de Móstoles durante el décimo permiso penitenciario que le había sido concedido desde el verano pasado. La Audiencia Provincial y el juzgado de vigilancia penitenciaria le habían permitido salir del penal de Navalcarnero una decena de veces en el último año, porque había demostrado que llevaba 'una línea evolutiva de buena conducta desde hace un año'. Arturo Beltrán, uno de los tres magistrados que otorgaron cinco de los permisos a Fernández Herviás, afirma que el interno demostró su buen comportamiento, tanto dentro como fuera de prisión, en los nueve permisos anteriores.
Fernández Herviás acabó a tiros con su buena trayectoria. Él y otro preso de permiso, Eduardo Camacho Chacón, de 44 años, atracaron con el rostro descubierto y a mano armada la sucursal de La Caixa de la avenida de la Constitución, 21, de Móstoles. Un empleado de la sucursal logró apretar el botón de la alarma y la policía envió un coche patrulla. El funcionario del Cuerpo Nacional de Policía Fernando Roncero Hernández, de 44 años, entró con un compañero en el banco y Fernández Herviás le disparó cuatro tiros a quemarropa. Una bala mortal alcanzó en la cabeza al agente.
El magistrado Beltrán califica esta reacción del preso de 'imprevisible'. 'El corazón humano tiene secretos que desconocemos y que son imposibles de prever', añadió. Para Beltrán, todo indicaba que el recluso se perfilaba como un firme candidato a obtener la libertad condicional. 'Este hombre había cumplido las tres cuartas partes de su condena y había demostrado que su comportamiento, tanto en prisión como fuera de ella durante los permisos penitenciarios, se había normalizado. ¿Quién podía razonablemente sospechar que iba a cometer algo tan terrible?', argumenta. 'El riesgo estaba en el primer permiso que se le otorgó [en agosto del año pasado], no en el décimo. En los nueve primeros había respondido bien, y cuando se empezaba a despejar su horizonte penitenciario, cuando había más motivos de esperanza, acabó con todo de un mazazo', añadió.
Fernández tenía cuatro días de permiso carcelario cuando cometió el atraco. Salió del penal el lunes junto con su compinche. Debía regresar ayer. Su compañero, pasado mañana.Fernández Herviás, que resultó herido de bala en el abdomen por la policía cuando intentaba huir a tiros de la sucursal el jueves, tenía nueve causas abiertas por los delitos de tenencia ilícita de armas, robo con violencia e intimidación, hurto y daños, todos cometidos entre 1977 y 1989. Fue condenado a 32 años, 26 meses y 24 días de carcel.
Ingresó en prisión por primera vez en 1978, recién cumplidos los 17 años. La última, en mayo de 1981, con 20. El recluso se fugó tres veces de la cárcel aprovechando permisos penitenciarios. La primera, en 1985 con 23 años; la segunda, cuatro años después, y la tercera, en 1993.
Desde entonces, su comportamiento había cambiado. Llevaba ocho años sin salir de la cárcel cuando la Audiencia Provincial le concedió, el verano pasado, otro permiso penitenciario. A pesar de los tres precedentes de fuga, el tribunal consideró pertinente darle una oportunidad porque 'la evolución' carcelaria de Fernández Herviás iba 'a mejor', según el auto judicial. 'Ahora [por el verano pasado] tiene 38 años y es de pensar que ha aprendido que los quebrantamientos sólo sirven para endurecer las condiciones de cumplimiento de las penas', añade el escrito legal. El tribunal admitió entonces que dar un permiso a un recluso con tres fugas supone 'un riesgo', pero 'un riesgo que la ley afronta al considerar los permisos como parte del régimen penitenciario'.
De los diez permisos que ha tenido Fernández Herviás en el último año, los cinco primeros se los otorgó la Audiencia Provincial a pesar del informe desfavorable de la junta de tratamiento de la prisión, que consideraba al recluso un peligro para la sociedad. Los cinco siguientes se los otorgó el juez de vigilancia penitenciaria, que había denegado, en cambio, los cinco primeros. Las dos últimas solicitudes incluso recibieron el visto bueno de la junta de tratamiento del penal de Navalcarnero.
La Constitución otorga a los internos de las cárceles el derecho a disfrutar permisos carcelarios para que los presos se habitúen a vivir en libertad. Para obtener un permiso, el preso lo tiene que solicitar al juzgado de vigilancia penitenciaria. La junta de tratamiento del penal emite un informe, a favor o en contra. Tras analizar la solicitud y el informe, el juez de vigilancia penitenciaria decide. Si lo deniega, el preso puede recurrir a la Audiencia Provincial, que tiene la última palabra.
El atracador homicida seguía ayer ingresado en el Hospital de Móstoles en estado grave. Fue sometido a una intervención quirúrgica por el disparo que recibió de un policía durante un tiroteo en el momento de su detención y la de su compinche. El proyectil le entró por el abdomen y le salió por la espalda.
Prueba de la parafina
La policía someterá a Fernández Herviás a la prueba de la parafina para confirmar si fue él quien disparó al agente, sin darle tiempo siquiera a desenfundar la pistola. Los clientes que había en el banco durante el atraco, los empleados y el policía compañero del fallecido así lo han asegurado en sus declaraciones.
El fallecido, Fernando Roncero Hernández, de 44 años, casado y con una hija mayor de edad, fucionario del Cuerpo Nacional de Policía desde 1977, recibió cuatro impactos de bala: uno en cada muslo, otro en el brazo y uno, mortal, en la cabeza. Unas 3.000 personas acudieron a su entierro, la tarde de ayer, en Moraleja (Cáceres), según informó Protección Civil a Efe. El féretro llegó de Madrid a Cáceres en avioneta y, de allí, en helicóptero a Moraleja. Entre las personalidades que acudieron al sepelio estaban el director general de la policía, Juan Cotino, y los delegados del Gobierno en Madrid y Extremadura, Francisco Javier Ansuátegui y Óscar Baselga, respectivamente.
Cotino impuso a título póstumo al agente asesinado en acto de servicio la medalla de oro del Cuerpo Nacional de Policía.
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