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Garzón impone 13.170 millones de fianza por el 'caso Sintel'

El juez Baltasar Garzón impuso ayer una fianza de 13.170 millones de pesetas a seis ex directivos de Sintel para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse del caso Sintel. El magistrado ha admitido a trámite la querella criminal por presunto delito de insolvencia punible, presentada el pasado 20 de julio por el fiscal jefe anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, quien considera que los querellados descapitalizaron la sociedad, antigua filial de Telefónica, en su provecho. Garzón ha aprobado también todas las diligencias de prueba que el fiscal le ha propuesto y ha declarado secreto el sumario a partir del momento en el que empiecen las diligencias de investigación.

Más información
Desbandada inminente en el campamento de Sintel

El juez tiene previsto notificar en los próximos días la querella a los seis ex directivos

, requerirles la fianza y anunciarles que en caso de no cubrirla les serán embargados bienes por una cantidad similar.

Los querellados son: Jorge y Juan Carlos Mas Santos, hijos del empresario cubano-estadounidense Jorge Mas Canosa, ya fallecido y que en 1996 adquirió Sintel a Telefónica por 4.500 millones de pesetas. También figuran como querellados los ex directivos Ricardo Campos, Juan Antonio Casanova, Juan Miguel Antoñanzas -actual presidente de Uralita- y Pedro Novela. Estos últimos fueron consejeros delegados de la compañía entre 1997 y 2000.

Caracteres delictivos

Por el momento, Garzón no cuenta con otros elementos que la querella del fiscal y precisa que, de ser ciertos, los hechos relatados en la querella presentan caracteres de delito, ya que supone un vacío patrimonial de Sintel. Por ello, teniendo en cuenta que algunos de los querellados residen en el extranjero, el juez ha decidido imponer la fianza de 13.170 millones para garantizar las responsabilidades pecuniarias que se pudieran derivar del proceso.

Fuentes de la Audiencia Nacional destacaron que el proceso judicial del caso Sintel no hay ningún querellado de Telefónica y que no afecta al acuerdo que los trabajadores y los sindicatos puedan llegar con el Gobierno.

Los trabajadores de Sintel cumplirán mañana medio año de acampada en el paseo de la Castellana de Madrid en protesta por la suspensión de pagos de la empresa y el adeudamiento de sus últimas once nóminas mensuales. El martes vence el plazo para que los sindicatos en la empresa den respuesta al plan del Gobierno para solucionar el conflicto mediante la recolocación de hasta 1.000 trabajadores en otras empresas del sector.

A pesar de que los trabajadores han mostrado su predisposición a aceptar la última propuesta como 'base de partida aceptable' para una negociación, el presidente del comité de empresa en Madrid, Valeriano Aragonés, señaló a Europa Press que el campamento 'no se levantará hasta que no se abonen todos los salarios'.

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