El síndrome del patio trasero
Desde hace unos años, se observa una mayor resistencia de los vecinos a aceptar en su entorno instalaciones o infraestructuras consideradas generalmente necesarias pero que se prefieren situadas lejos de la propia residencia. Es lo que se ha venido denominando síndrome del patio de atrás o, en inglés, efecto NIMBY (not in my back yard). La gente puede estar de acuerdo en que es necesario instalar una cárcel, una planta de tratamiento de residuos o un centro de atención de drogodependientes, pero no aceptan que se haga en la proximidad de su residencia. En Barcelona este fenómeno ha ido extendiéndose y hemos visto como normal considerar indeseables iniciativas como un tanatorio, un centro para la atención de enfermos mentales, una gasolinera, un hospital, una residencia para ancianos o incluso una escuela. Ese tipo de situaciones han servido para que alguien elabore reflexiones sobre la 'insolidaridad social', sobre el 'egoísmo imperante' o el 'frenesí individualista'. También hay quien dice que hemos pasado de un movimiento ciudadano presidido por el queremos a uno en el que predomina el no queremos.
La gente puede creer necesario instalar una cárcel, una planta de residuos o un centro de atención de drogodependientes, pero no acepta que se haga en la proximidad de su residencia
Déjenme enfocarlo de otra manera, ya que si el problema está en el cambio de valores y hemos de esperar a que vuelvan a cambiar, vamos listos. Al margen del cambio de valores, lo que también está ocurriendo es que la aceptación más o menos sumisa de las decisiones de los poderes públicos ha entrado en una profunda crisis. En España se pasó de una época en la que quien mandaba, mandaba y no tenía por qué dar más explicaciones, a otra época en la que los nuevos poderes democráticos se veían en la obligación de explicar sus decisiones y tratar de argumentarlas más o menos bien. En el franquismo lo único importante era dar al proceso de toma de decisiones cierta apariencia de legalidad, pero ello no tenía por qué significar dejar espacios a que se discutiera el grado de acierto de la decisión, ya que ello se daba por supuesto. La democracia modificó positivamente esa realidad. Los poderes públicos tienen que cumplir la legalidad y además están obligados a dar explicaciones en un entorno aparentemente más transparente. Pero, desde mi punto de vista, ello no ha implicado un cambio en la forma de entender la relación gobierno-ciudadanos. Los poderes públicos van siempre sobrados. Sus abundantes recursos técnicos y la experiencia acumulada acostumbran a darles sensación de invulnerabilidad, y lo único que les preocupa es vender con mayor o menor acierto lo que para ellos es indudablemente una solución acertada al problema planteado.
Desde mi punto de vista, la reacción de la gente viene en parte explicada por el hecho de que sólo percibe la parte final del proceso que ha conducido a localizar tal o cual infraestructua en su entorno, en su patio trasero. No tiene conciencia alguna de cuál es el origen del problema, no siente ese problema como propio, no conoce el camino intelectual que ha conducido a descartar otras opciones y a inclinarse por la más próxima a su domicilio y tampoco tiene idea alguna sobre las complejidades técnicas que rodean el proceso de toma de decisiones. Lo que sabe es que además del mosqueo diario del trabajo, de los atascos y los problemas de transporte, y de lo pesados que son todos, los de arriba han decidido colocarle quién sabe qué porquería al lado de su casa. Y entonces piensa: 'Se van a enterar'. No atiende a razones y acaba simplemente pensando que seguro que al lado de quien decide no se atreven a poner nada de nada. Y puede que no le falte razón, y más si no sabe de dónde ha salido el problema y nadie le explica nada.
Los poderes públicos han de ir entendiendo que no pueden abordar este tipo de operaciones desde la razón ilustrada del nosotros ya sabemos y lo único que falta es que a ellos se les ha de explicar. Cada vez más existe una gran preocupación en los países más avanzados sobre cómo ir superando la distancia entre el conocimiento científico y las convicciones de la gente. Ése es uno de los temas estrella del próximo programa marco de investigación de la Unión Europea y debería ser uno de los temas centrales en el desarrollo de estrategias de sostenibilidad local. ¿Cómo avanzar en modelos alternativos de consumo, de movilidad, de vivienda si no conseguimos que lo que es ya conocimiento universalmente aceptado en el mundo científico pase a ser considerado como sentido común por parte de la ciudadanía? En muchos de los casos en los que está en juego la instalación de una nueva infraestructura, uno de los elementos que más influyen en el proceso son las incertidumbres de todo tipo que rodean, con razón o sin ella, muchas de esas instalaciones. Y como es bien sabido, esas situaciones de inseguridad se adaptan bien a quien sólo pretende no hacer mudanza, que nada cambie. Por mucho que los técnicos y quienes deciden estén convencidos de que las seguridades son absolutas y a pesar de que estén dispuestos a dar todo tipo de explicaciones, una vez iniciado el proceso de no queremos, todo lo que se haga y se diga suena a excusa.
Si estamos convencidos de que tenemos un problema (todos, no sólo los que deciden, los técnicos o la empresa que vende la tecnología o el propietario de los terrenos) y de que el emplazamiento y la opción tomada son realmente los idóneos frente a hipótesis alternativas, ¿por qué no plantear las cosas con trasparencia desde el principio? Pongamos sobre la mesa el problema, pongamos sobre la mesa las alternativas e invitemos a todos los que quieran asistir o que presumiblemente pueden estar implicados a que participen en el debate. Y juntos salgamos en la foto de las buenas y no tan buenas noticias. Sólo así se pueden pedir responsabilidades a quienes se oponen, a veces sin razón, a una instalación cualquiera. Un buen proceso participativo y transparente puede suponer el aislamiento de los insolidarios y egoístas. Un proceso guiado por la soberbia y la jerarquía legal o técnica sólo conduce a triunfos locales y derrotas globales.
Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UAB.
