El Estado no tendrá que pagar por el asesino múltiple de Castellón

La confirmación del fallo emitido el año pasado por la Audiencia de Castellón aleja a las familias de las víctimas del pago de indemnizaciones estimadas en su momento en 130 millones de pesetas. El condenado es insolvente y el Estado tampoco deberá pagar. A juicio del fiscal del caso, Juan Salvador Salom, el Estado 'no vigiló como debiera al asesino y tenía que haber sido considerado responsable del pago de las compensaciones económicas'.

Una postura que compartía Mara Donay, letrada de una de las víctimas, al lamentar que 'el tribunal no considerara que los servicios penitenciarios fueran negligentes en el periodo el que el condenado disfrutaba de libertad condicional, como demostró la sala'. La abogada afirmó que el tribunal 'debió confirmar la negligencia, aunque luego indicase que no existía base legal para indemnizar por vía penal'. A este rosario de solicitudes en el mismo sentido se unía la abogada defensora de Ferrándiz, Rosa Edo, quien también exigió la responsabilidad del Estado, además de pedir que se contemplase 'la psicopatía' del condenado 'y un tratamiento para su enfermedad'. Otra de las peticiones de la Fiscalía fue que se condenase también a Joaquín Ferrándiz por la detención ilegal de Sonia Rubio, su primera víctima. Sin embargo, esta solicitud también ha sido desechada.

Ferrandiz Ventura fue considerado culpable de cometer 5 asesinatos y otro en grado de tentativa, además de un delito de lesiones contra otra mujer justo antes de su detención en enero de 2000. De los 163 años de cárcel que inicialmente solicitaban las acusaciones y el fiscal, la sentencia se quedó en 69, al contemplar la Audiencia la atenuante de confesión.