¿Debe despenalizarse la 'okupación'?

La ocupación de viviendas ha vuelto esta semana al candelero. Un grupo de okupas se ha enfrentado a la policía en una batalla campal cuando aquélla iba a desalojarlos de la denominada Kasa de la Muntanya, en el barrio de Gràcia de Barcelona. El balance: 19 detenidos, que han salido en libertad del juzgado con cargos, aunque el fiscal pedía prisión para ellos por atentado a la autoridad, daños y lesiones.

Desde 1996, la ley considera delito la ocupación de viviendas vacías. El artículo 245.2 del Código Penal aprobado ese año castiga al que 'ocupe, sin autorización (...) un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituya morada'. También 'el que se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular será castigado con la pena de multa de tres a seis meses'.

En el lado opuesto, el movimiento okupa destaca la dificultad de acceder a una vivienda y trata de minimizar las penas derivadas del delito. Para ello, 'lo ideal es entrar sin necesidad de tener que romper nada. Forzar una puerta o una ventana para colarse en una casa ajena es delito y pueden detenerte por ello, así que se intenta buscar algún lugar cuyo acceso no te complique demasiado la vida', reza un consejo que puede leerse en una de las inumerables web desplegadas por el movimimiento okupa en la red.

Las ocupaciones de viviendas deshabitadas que empezaron a principios de la década de 1980 han alcanzado distintos puntos de Barcelona y otros lugares de Cataluña. El fenómeno ha ido en aumento y en paralelo al encarecimiento del precio de la vivienda. Si hace cinco años la Guardia Urbana cifró en 37 las casas ocupadas en Barcelona, a finales de 1999 eran 66 y en la actualidad medios del movimiento okupa estiman que afecta a unas 93 casas en Barcelona y su área metropolitana. En los últimos tiempos la policía ha desalojado a los okupas de 30 casas.

Los propietarios consideran que la cuestión es clara: 'La ocupación de una casa es y debe seguir siendo un delito'. 'No estoy de acuerdo con que se despenalice', sostiene Luis Miguel Pahíssa, vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Cataluña, que agrupa a 10.000 dueños de viviendas. El representante de los propietarios dice que él mismo compartió 'los ideales de la generación del 68', pero añade: 'Esos miles de hombres que, como yo, no renuncian a sus principios, difícilmente encajan un movimiento ocupacional falto de toda esencia y de compromiso con la sociedad que finaliza con la colocación de una nueva cerradura por parte de los okupas en la casa ocupada y la ocupación de la misma'.

En el polo opuesto, Fidel Sánchez, que actúa como abogado en las causas contra los okupas, defiende la ocupación de viviendas. Sánchez afirma que la penalización judicial de la ocupación 'de los inmuebles de forma pacífica sólo se ha tipificado en épocas dictatoriales como la dictadura de Primo de Rivera o la de Franco y no existía, por ejemplo, en la época de la Segunda República. Este abogado sostiene que no cabe actuar 'contra alguien que ocupa un edififico abandonado durante muchos años porque está realizando la función social de que se le dé vida y esté habitado'. 'Si un inmueble lleva 20 años en desuso', añade, 'no se está atentando contra el derecho a la propiedad porque no es ejercida', señala.