Los vetos mutuos de PP y PSOE bloquean de nuevo la renovación de cargos institucionales

La renovación de cargos en el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial sigue empantanada. Los intentos del PP y el PSOE de reabrir las negociaciones tras la ruptura de la noche del miércoles resultaron ayer infructuosos. Cuando ambos partidos ya habían anunciado a primera hora de la tarde un principio de acuerdo, surgió un último escollo en torno a los candidatos al Tribunal Constitucional. El pasado franquista de uno de los magistrados propuestos por el PP, el juez del Supremo Roberto García Calvo, volvió a bloquear las negociaciones, que se reanudarán hoy.

El acuerdo que ambos partidos habían alcanzado a primera hora de la tarde saltó por los aires cuatro horas después por los vetos ideológicos a algunos candidatos, que se hicieron insalvables. Hubo un momento en que los socialistas aceptaron rebajar el perfil de sus aspirantes al Tribunal de Cuentas, pero descartaron esa idea tras escuchar el veto de José María Aznar al ex ministro Luis Martínez Noval y en cuanto comprobaron que el PP incluía para el Constitucional a Roberto García Calvo, un cuestionado magistrado ultraconservador.

Presumiblemente, no habrá pacto entre PP y PSOE para renovar una serie de órganos clave del Estado antes del verano. La negociación, abierta en el ámbito político hace meses pero enfilada sobre todo desde el pasado lunes, estalló de forma virulenta. Y además cuando parecía que los principales escollos habían sido solventados.

La noche anterior, el martes, los contactos ya se habían interrumpido en un ambiente de clara ruptura. El PSOE no aceptaba el nuevo reparto político del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que los populares se reservaban una mayoría muy holgada (11 vocales de un total de 20, más el presidente). El PP, en ese momento, rechazaba que los socialistas presentasen cuatro dirigentes de elevado nivel político entre sus cinco aspirantes para el Tribunal de Cuentas.

A las 11.15 de ayer, cuando el portavoz del PSOE en el Congreso, Jesús Caldera, ya había convocado a la prensa para formalizar la ruptura, el secretario general del PP, Javier Arenas, le llamó y le ofreció una salida que abría de nuevo las expectativas de acuerdo. El PP aceptaba quedarse con 10 vocales de los 20 del Consejo General del Poder Judcical, más el presidente, para que accediesen a ese órgano más partidos minoritarios, pero exigía que el PSOE cambiase al menos dos de sus aspirantes más políticos al Tribunal de Cuentas. El reparto político del CGPJ se acordó así: 10 vocales, más el presidente, impulsados por el PP, 7 por el PSOE, 1 de CiU, 1 de IU y otro de consenso, en este supuesto Agustín Azparren, el juez no afiliado a ningún colectivo que más avales ha recabado. Para presidir el Consejo, el PP dio el nombre de José Hernández García, presidente de una de las secciones de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.

El candidato de consenso surgió tras descartar el PP conceder uno de sus aspirantes a Coalición Canaria y rechazar el PSOE recortar a seis sus aspirantes a cambio del ingreso de un vocal del PNV, en este caso la diputada Margarita Uría. Cuando luego todo se rompió en mil pedazos, Caldera aseguró que el PP había vetado políticamente a Uría, algo que el portavoz popular, Luis de Grandes, tachó de mentira.

El principio de acuerdo, global para los tres órganos en liza, se apalabró a las 13.45. El pacto trascendió por los pasillos del Congreso, pero aún no tenía firmas ni algunos nombres y apellidos básicos.

Por la tarde, a las 16.45, el PP rellenó las casillas que habían quedado vacías en el pacto para los cuatro miembros a renovar antes de finales de mes para el Tribunal Constitucional. Al PP le correspondían dos, al PSOE uno y el otra era de consenso entre ambos. Los portavoces parlamentarios de PP y PSOE, Luis de Grandes y Jesús Caldera, habían consensuado que no habría vetos a los nombres de sus respectivos candidatos. No fue así.

Caldera explicó más tarde, ya con el pacto roto y sobre las ocho de la noche, que se quedó estupefacto cuando comprobó que el PP incluía entre sus dos candidatos a un 'gobernador franquista': Roberto García Calvo. Las llamadas mutuas se multiplicaron. El PSOE exigió entonces al PP que olvidase su doble moral de vetar por su trayectoria política al ex ministro socialista y democrático Luis Martínez Noval para el Tribunal de Cuentas y pretendiese colocar en el Tribunal Constitucional a un gobernador de la época preconstitucional.

Caldera compareció y arremetió contra el PP. Recordó que las palabras matinales de Aznar en una conferencia en la Universidad de Verano de El Escorial no habían ayudado nada y las calificó de 'injuriosas'. La alusión iba directamente contra Martínez Noval, pero el PP la extendía a esa hora a otro candidato socialista, Jaime González, ex rival del ahora ministro Juan José Lucas para la Junta de Castilla y León. E incluso al senador del PSC Lluis Armet.

Más tarde se supo que el PSOE llegó a acceder a rebajar el tono político de su propuesta y descabalgó tanto a Martínez Noval como a Armet, hecho que provocó el malestar de los socialistas catalanes.