El rechazo socialista a un juez que ocupó cargos en el franquismo rompió el acuerdo con el PP

Roberto García Calvo, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, siempre ha tenido problemas con el PSOE. Ya en 1988, cuando Alianza Popular le propuso para ocupar una vacante del Consejo General del Poder Judicial , los socialistas bloquearon su elección. Un año después, por sólo dos votos, consiguió el puesto a propuesta del PP en el Senado. Pero no pudo revalidar la plaza en 1990, cuando se sometió a una nueva elección.

García Calvo ocupó durante el franquismo cargos en el sindicalismo vertical y en el Ministerio de Educación. En 1976 fue designado Gobernador Civil y jefe provincial del Movimiento en Almería. Como magistrado del Supremo, su actuación en torno al caso del ex juez Javier Gómez de Liaño fue notoria ya que se quedó solo frente a los otros diez miembros de la Sala en defensa de las tesis del Gobierno, según las cuales había conflicto entre el Ejecutivo y el Poder Judicial ante la interpretación del Supremo de que no se daba tal circunstancia.

La inclusión de García Calvo en la propuesta del PP deparó ayer lo que nadie había calculado: que la nueva composición del Tribunal Constitucional pudiera ser el detonante de la ruptura global de las negociaciones entre PP y PSOE. La única previsión de conflicto se refería al candidato de consenso. El PP presentaría a dos candidatos y el PSOE, uno. Los socialistas optaron por Elisa Pérez Vera, y el PP por Javier Delgado Barrio y Roberto García Calvo. La presencia de éste en la lista del PP provocó que el PSOE considerara una provocación esa propuesta cuando el PP había 'vetado' a 'ex ministros socialistas íntegros y honestos', en expresión de Jesús Caldera. Bien es cierto que si los populares hubieran aceptado a Martínez Noval los socialistas habrían firmado la propuesta popular aunque 'con dolor en la mano', según el portavoz socialista en el Congreso. La otra opción era que el PP propusiera otro nombre; pero no lo hizo.

El Partido Popular quiso aparentar que nada había pasado y presentó ante la Mesa del Congreso un escrito con la lista de nombres a magistrados del Tribunal Constitucional. Eso sí, con la firma del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en blanco. En ella figuraban Javier Delgado y Roberto García Calvo, en nombre del PP; Eugenio Gay Montalvo, de consenso entre ambos partidos, y Elisa Pérez Vera por el PSOE.

La reacción del PSOE fue romper todo el acuerdo en torno al Tribunal de Cuentas, irritado después de haber cedido a las pretensiones populares de quitar de su lista para esa institución al ex ministro Luis Martínez Noval y al senador socialista catalán Lluis Armet, en aras de facilitar la negociación global. 'El Tribunal Constitucional es una institución por cuya composición hay que velar singularmente y todos los que formen parte de ese alto tribunal tienen que ser auténticos garantes de la Carta Magna', dijo el portavoz socialista, Jesús Caldera. 'El PP nos ha propuesto al magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Roberto García Calvo, ex gobernador civil de la dictadura y ha vetado a un ex ministro socialista; no es aceptable esa doble moral', dijo Caldera.

En su partido, los comentarios eran mucho más fuertes y se consideraba escandalosa y 'ofensiva' esa propuesta. De repente, los socialistas sintieron un gran malestar al haber accedido a quitar a Martínez Noval, 'servidor del Estado democrático', y encontrarse con que el PP les ponía sobre la mesa a García Calvo. El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, aceptó de inmediato que no se aceptara esa propuesta. Si el PP hubiera reconsiderado su negativa a Martínez Noval, el PSOE habría accedido a la designación de García Calvo. 'Aunque nos doliera la mano, lo hubiéramos firmado', reconoció Caldera.