Tres de cada cuatro expedientes de expulsión de inmigrantes no se ejecutan

Tres de cada cuatro expedientes de expulsión de inmigrantes que se instruyen en Cataluña no se ejecutan, según el Anuario de la inmigración en Cataluña 2000, de la Fundación Jaume Bofill. Las razones son: los expulsados se esconden, el coste de la devolución es muy elevado (el expulsado debe viajar con dos policías) y, en algunos casos, el conflicto interno del país de procedencia impide el retorno.

Eliseo Aja, catedrático de Derecho y uno de los autores del estudio, puso el acento sobre la situación de los inmigrantes que son expulsados pero permanecen en el país. 'Quedan totalmente al margen de la ley, sin ningún tipo de derecho y condenados a la irregularidad', afirmó. El año 2000, en Cataluña, se tramitaron 1.518 expedientes de expulsión de extranjeros. Como resultado, se dictaron 526 expulsiones, pero sólo 141 se materializaron.

El estudio señala que la población inmigrante en Cataluña representa el 3% y estima que dentro de una década alcanzará el 7%. Oriol Homs, otro de los autores del informe y director del Centre de d'Iniciatives i Recerques Europees de la Mediterrània (CIREM), apuntó que el porcentaje actual 'permite abordar los problemas que surgen de la llegada de inmigrantes'. Homs afirmó que el fenómeno de las pateras 'distorsiona la realidad de la inmigración por su espectacularidad y efecto sobre la opinión pública' y pidió una visión más global. Apuntó que la mitad de los inmigrantes residentes en Cataluña lleva más de seis años en el territorio.

Eliseo Aja criticó la 'arbitrariedad' y 'falta de respeto por el Estado de derecho' de la Ley de Extranjería y propuso 'dar un salto' para lograr el derecho a voto de los inmigrantes. Y añadió que el plan del Gobierno de CiU incluye medidas que 'no van a ninguna parte'.