La necesaria firmeza y tenacidad del TPI
Hace ahora tres años, el 17 de julio de 1998, se firmaba en Roma el Estatuto del futuro Tribunal Penal Internacional (TPI). Más de cien países asumían con su firma los propósitos del futuro TPI, cuya idea central no es otra que el juzgar, bajo el principio de justicia universal, a los autores de determinada categoría de crímenes cuando su propio país no pueda o no quiera juzgarlos por su propia jurisdicción territorial.
¿Cuál es el balance que puede hacerse sobre estos tres años y la situación actual? La respuesta ha de ser ambivalente. Por una parte, de los 139 países hasta la fecha firmantes, ya son 36 (el último fue Suecia hace escasas fechas) los que han ratificado dicho Estatuto a través de sus Parlamentos respectivos. Ello constituye ya el 60% de las 60 ratificaciones necesarias para iniciar su funcionamiento operativo. En los últimos dos meses se han registrado nada menos que siete adhesiones, y este ritmo es la parte positiva que hay que señalar en el momento actual. Caso de mantenerse tal ritmo, antes de un año se habrían superado las 60 adhesiones necesarias. Pero ese excelente ritmo no se va a mantener, y ahora veremos por qué.
¿Y la parte negativa? Existe y es muy seria, como consecuencia de los siguientes factores:
1. En primer lugar, y como vicio de origen, los Estados Unidos hicieron sentir su peso durante los debates de Roma para conseguir un Estatuto que rebajara considerablemente las atribuciones del TPI, el cual, por añadidura, tropezó con las reticencias de otras grandes potencias como Rusia y China. Una vez conseguida esa fuerte rebaja, los mismos Estados Unidos negaron y siguen negando su adhesión al Estatuto. Pero no sólo niegan su adhesión al TPI, sino que importantes fuerzas políticas y destacados parlamentarios norteamericanos buscan su desactivación, su neutralización, y algunos de gran peso, su destrucción.
2. Resulta necesario recordar una vez más, por lo que tienen de ilustrativas, las palabras del senador Jesse Helms (presidente por muchos años y hasta hace bien pocas fechas de la poderosa Comisión de Relaciones Exteriores del Senado): 'El TPI es un monstruo y tenemos la responsabilidad de descuartizarlo antes de que crezca y acabe devorándonos'. 'Tenemos que aniquilar ese monstruo. Votar en contra del TPI no es suficiente. Los EE UU deberían acabar con él'. 'Mientras yo siga respirando, los EE UU nunca permitirán -y repito, nunca- que sus decisiones sobre seguridad nacional sean juzgadas por un Tribunal Penal Internacional'. (Financial Times, 31-7-98). A todo lo cual añadía Helms su firme propósito de 'garantizar que ningún soldado estadounidense estará nunca sometido a la jurisdicción de un Tribunal Penal Internacional'.
3. Aunque los cambios producidos como resultado del abandono del Partido Republicano por el senador Jeffords han desplazado a Helms de la presidencia de la citada comisión, además de proporcionar una mayoría demócrata al Senado, estos cambios, aunque positivos y esperanzadores, no resuelven el problema en cuestión. En efecto -y esto ya no es 'vicio de origen', sino problema coyuntural serio y absolutamente actual-, el obstáculo no radica sólo en Hesse Helms, ni únicamente en los conocidos 'halcones' del partido republicano. Por desgracia son muchos los parlamentarios, tanto republicanos como demócratas -en el Senado y en la Cámara de Representantes-, que abundan en las posiciones adversas al TPI.
4. Ello ha podido comprobarse, de forma tan inequívoca como preocupante, con la presentación del American Servicemembers' Protection Act (ASPA), pieza legal concebida como una auténtica carga de dinamita contra el proceso de ratificación y puesta en vigor del TPI. Esta Acta de Protección de los ciudadanos americanos que prestan servicio en distintos lugares del mundo (militares y miembros de las diversas agencias estatales) forma parte central -según manifiesta su introductor en la Cámara de Representantes, el republicano Thomas DeLay, en escrito dirigido al secretario de Estado Colin Powell- de lo que llama 'una amplia estrategia para frenar la avalancha considerada enfermiza (ill-considered rush) de países extranjeros, muchos de ellos amigos de los EE UU, dispuestos a ratificar el Estatuto de Roma que establece el TPI'.
5. Entre otros puntos de gran dureza previstos por el ASPA, su Sección 7 requiere 'la suspensión de la asistencia militar a la mayoría de los países que ratifiquen el Estatuto de Roma, hasta que tales países alcancen un acuerdo con los EE UU respecto al artículo 98 del citado Estatuto, prohibiendo al TPI la persecución del personal norteamericano presente en el respectivo país. Esta provisión -continúa el escrito de DeLay, promotor del ASPA- fue diseñada para dar a los países que están considerando ratificar el Estatuto de Roma una razón para no hacerlo, y también para dar a los EE UU la necesaria fuerza negociadora para los acuerdos sobre el citado artículo 98 con aquellos países que ya lo han ratificado'.
6. Este maquiavélico planteamiento, si este instrumento es finalmente convertido en ley, podrá tener un doble y nefasto efecto sobre el Estatuto: conseguir que no lo ratifiquen ciertos países que aún no lo han hecho, y conseguir que otros sólo lo hagan -o incluso si ya lo han hecho- estableciendo acuerdos bilaterales con EE UU que excluyan la entrega por su parte de personal norteamericano al citado Tribunal. Ello debilitaría a éste de forma inadmisible, al dejar fuera de su alcance a los miembros de un determinado país, y supondría un intolerable quebranto moral del TPI, al proclamar que éste puede juzgar a criminales de cualquier nación con excepción de una de ellas, cuya condición de gran potencia la excluiría de su pretendida jurisdicción universal.
7. Y aquí viene lo peor: el ASPA, así concebida y redactada, ha sido aprobada por la Cámara de Representantes el pasado 8 de mayo por la aplastante mayoría de 282 a 137, lo que demuestra que no sólo los republicanos, sino también no pocos parlamentarios demócratas apoyan esta posición de rechazo al TPI. Esta misma realidad, extrapolada al Senado, arroja un preocupante pronóstico. La mayoría demócrata de 50-49 producida por la decisión de Jeffords, con ser importante por los cambios de presidencia en todas las comisiones del Senado, sólo podrá de momento entorpecer, pero no impedir, que no pocos senadores demócratas se pronuncien también a favor de cortar las alas al TPI. Con ello, el ASPA se convertiría en ley. En una ley que perjudicaría seriamente el proceso de ratificación y puesta en marcha del TPI, e incluso su funcionamiento posterior. Ésa y no otra es su intención.
Frente a esta actitud y este propósito de los legisladores norteamericanos, y frente a las reticencias que todavía mantienen Rusia y China, la posición del resto de los países, particularmente los más significativos en el escenario internacional, sólo puede ser una: la de mantener, con la máxima firmeza, una posición extraordinariamente vigorosa, tenaz e irreductible en la defensa de ese logro (aunque en versión todavía tan imperfecta) que es el Estatuto de Roma para el futuro Tribunal Penal Internacional.
El propósito de los Estados Unidos de blindar a sus 'servicemembers', situados en cualquier lugar del mundo, contra la jurisdicción del TPI, así como los recelos de otras potencias que temen verse acusadas en su día, no puede ni debe paralizar al resto de la humanidad respecto a una meta tan legítima y tan necesaria como es el establecimiento de un futuro Tribunal Penal Internacional capaz de juzgar a aquellos grandes criminales y genocidas que consigan eludir la justicia en su propio país.
Hay que resistir con firmeza el insidioso efecto del ASPA, aunque momentáneamente consiga frenar el ritmo de esa 'avalancha enfermiza' -curioso nombre- de países dispuestos a la ratificación, y aunque consiga evitar que se alcance la cifra de 60 Estados Parte antes de un año, impidiendo que el cuarto aniversario del Estatuto coincida con su puesta en vigor. Si la puesta en marcha del TPI no coincide con el cuarto aniversario (2002), coincidirá con el quinto (2003). Pero eso es todo lo que la comunidad internacional puede aguantar, eso es lo máximo que se puede permitir: un simple retraso, pero nunca esa 'destrucción del monstruo' que preconiza Jesse Helms. De hecho, eso que Helms percibe como un monstruo, con su delirante visión 'usacéntrica' -permítasenos el horrendo vocablo-, es en realidad un digno instrumento, absolutamente necesario para la humanidad a la hora de ejercer su defensa propia contra los grandes criminales que tantas veces en la historia han actuado al amparo de la más vergonzosa impunidad local.
Fuerza, perseverancia, tenacidad. Resistencia frente a todos los obstáculos y maniobras que todavía se opondrán al establecimiento del TPI, incluso en su primera y floja versión de Roma 1998. Nada ni nadie podrá impedir que llegue un día -aunque nosotros no lo veamos- en que la humanidad dispondrá de un fuerte Tribunal Penal Internacional, universalmente aceptado, con otro Estatuto de muy superior potencia y efectividad.
Prudencio García es investigador y consultor internacional del INACS.
