Los rectores se rebelan
La dura pugna que mantienen los rectores de universidad y el Ministerio de Educación a propósito del anteproyecto de la nueva Ley de Universidades no se reduce sólo a su contenido. Otro frente de discordia ha surgido al conocerse el calendario electoral que impone la ley en sus disposiciones transitorias. A los rectores se les da un plazo de seis meses para abandonar su puesto y convocar nuevas elecciones. Y las universidades dispondrán del mismo plazo para poner en pie claustros de nueva planta que deberán elaborar los nuevos estatutos en nueve meses.
Algunos rectores han interpretado esta apremiante transición como 'una venganza del Gobierno' por oponerse a aspectos esenciales del proyecto. Sin entrar en juicios de intenciones, un periodo tan perentorio parecería más propio de una situación de emergencia. Da la impresión de que la ministra de Educación se ha olvidado de que el actual sistema sigue funcionando y de que en algunos aspectos lo hace satisfactoriamente. Una transición tan corta obliga a un proceso constituyente de brusca ruptura con el actual sistema que puede tener graves consecuenecias para la docencia y la investigación.
Pero la medida más discutible es la que afecta a los rectores. ¿Tiene sentido obligar a dimitir en bloque a los rectores de las 48 universidades públicas españolas, interrumpiendo en muchos casos los mandatos para los que fueron elegidos? Es una medida que contribuirá a aumentar el riesgo de caos durante el tránsito de un sistema a otro. No sólo se vulnera posiblemente la autonomía universitaria, sino que se eliminan elementos de continuidad muy idóneos para la adecuación no traumática de la nueva ley a la realidad universitaria.
La medida rearma el rechazo de los rectores a la ley. La ministra de Educación les acusa de 'exceso de protagonismo', pero corre el riesgo de provocarles con un cese jurídicamente cuestionable. Que va a servir para reforzar en los próximos meses su protagonismo y quizás también para aglutinar en torno a ellos a sectores universitarios hasta ahora más complacientes o menos beligerantes con el proyecto del Gobierno.
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