Interior considera que la querella sólo pretende desprestigiar a la policía

Los grupos antiglobalización se felicitaron ayer de la decisión judicial de exculpar a los 21 detenidos por desórdenes públicos. Corrobora, en su opinión, que la actuación policial fue 'injustificada, brutal y desproporcionada, y se utilizó la violencia gratuita y desmesurada contra gente pacíficamente concentrada en la plaza de Catalunya'. La Campaña contra el Banco Mundial considera también que lo que pretendía la policía era 'generar una situación de crispación y enfrentamiento sin ninguna legitimación'.

Estos grupos esperan que esas primeras decisiones judiciales sean el inicio para aclarar la polémica actuación policial.Mañana se presentará en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la anunciada querella contra la delegada del Gobierno en Cataluña, Julia García-Valdecasas, y contra el subdelegado en Barcelona, David Bonet, como responsables políticos de la actuación policial. A ambos se les acusa, entre otros, de un delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales por haber dado la orden de cargar contra los manifestantes cuando todavía quedaban unas 3.000 personas en la plaza de Catalunya al disolverse la marcha antiglobalización.

La querella está suscrita por más de una treintena de organizaciones políticas y sociales. Entre ellas figuran Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Iniciativa per Catalunya (IC) y Esquerra Unida i Alternativa (EUiA). También aparecen como querellantes, entre otras asociaciones, los sindicatos UGT, CC OO y el de Periodistas de Cataluña, además de SOS Racismo, la federación catalana de ONG y Justícia i Pau. Un portavoz de la Delegación del Gobierno aseguró ayer que esa querella responde a una 'campaña prediseñada' para desprestigiar a la policía utilizando, además, subvenciones públicas, pues la Campaña contra el Banco Mundial ha utilizado y utiliza algunas oficinas del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (Macba). El mismo portavoz explicó que los grupos antiglobalización intentarán sacar 'el máximo provecho' de la querella y que, aunque la policía hubiese actuado de otra manera, también la habrían presentado.

Lesiones y coacciones

La querella ha sido redactada por un grupo de abogados de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, entre los que figuran August Gil Matamala, Jordi Oliveras y Gemma Calvet. La acción penal está dirigida también contra los responsables policiales que mandaban a los agentes, a quienes se acusa de los supuestos delitos de lesiones, coacciones y detención ilegal.

Joan Ridao, diputado de ERC en el Parlament, mostró ayer su preocupación por 'la obsesión enfermiza de la delegada del Gobierno de pensar que la kale borroka se ha exportado a Cataluña', mientras que Joan Saura, presidente de IC-V, lamentó el intento de criminalización de estos grupos y censuró la actuación de los 'policías infiltrados'. Algunos de ellos acudieron ayer al juzgado para declarar por las diligencias que tramita la juez y aportaron como prueba de cargo el vídeo grabado desde el helicóptero.

Las defensas de los acusados consideran que la identificación de los agentes en esta causa facilitará la tramitación judicial de la querella porque finalmente podrán reconocerles los 100 testigos que se aportan. Del mismo modo, los abogados aseguran que la exculpación por desórdenes públicos también corroborará la acusación contra la actuación policial. Al margen de todo ello, varios heridos por la carga han presentado también denuncias.