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El Gobierno de CiU deberá explicar en el Parlament por qué subvenciona escuelas de élite

La oposición tilda a Artur Mas de 'irresponsable' por sostener que 'sobra dinero'

El escándalo de la concesión de conciertos educativos a siete escuelas de élite, que según la inspección del propio Departamento de Enseñanza no cumplían los requisitos legales, subió ayer de tono en el Parlament. 'Lo que Mas y la consejera Gil defienden', dijo el diputado Joan Boada, de Iniciativa-Verds, 'es que los ricos puedan llevar a sus hijos a escuelas subvencionadas'. En su opinión, esto es 'una clara injusticia social' y lo que mueve al Gobierno de CiU a realizarla es 'beneficiar a un determinado sector de la sociedad por razones de clientelismo y amiguismo'.

El socialista Joaquim Nadal y el independentista Josep Huguet destacaron también la contradicción existente entre la afirmación de que 'había dinero disponible' para extender los conciertos escolares a escuelas de élite mientras que no lo hay para suprimir los barracones en determinadas escuelas públicas, no se atienden las reclamaciones salariales de los matersos y profesores, y no se construyen guarderías públicas.

Financiación autonómica Pero además insistieron en que el conseller en cap, Artur Mas, ha cometido una 'irresponsabilidad' al proclamar en público que hay dinero sobrante en las partidas del Departamento de Enseñanza cuando el Gobierno del que forma parte está negociando la reforma del sistema de financiación de la Generalitat con un solo argumento: la insuficiencia de recursos económicos.

Nadal calificó esta actuación de Mas de 'insulto a la inteligencia' y 'ligereza política insoportable'. Si el Gobierno catalán quería dar un destino razonable a este dinero 'disponible', dijo el portavoz socialista, 'podía dedicarlo a sustituir por institutos los barracones existentes en muchos de ellos'.

Incluso el aliado parlamentario del Gobierno de CiU, el PP, considera injustificable esta decisión de Enseñanza. La diputada conservadora Carina Mejías se sumó a las críticas de la izquierda, con lo que se esfumaba cualquier posibilidad de que la consejera Gil escapara a la exigencia de explicaciones en sede parlamentaria. Para que se reúna la Diputación Permanente del Parlament se precisa que lo soliciten tres grupos como mínimo. La izquierda puede forzar, por tanto, la reunión. Una vez reunida, sin embargo, los votos de CiU y el PP podrían rechazar la petición de comparecencia de la consejera. Pero no será así. La posición del PP ha dejado en minoría al Gobierno de Jordi Pujol en este asunto. Lo más probable es que la reunión de la Diputación Permanente se celebre antes de fin de mes.

Entretanto, los argumentos de Mas fueron rebatidos ayer también por Comisiones Obreras, después que el sindicato USTEC haya llevado el peso de la denuncia, incluso ante los tribunales. En una carta abierta a Mas, CC OO reproduce los requisitos que la ley establece para que las escuelas privadas puedan acceder al sistema de concierto económico escolar y las causas de incumplimiento.

El sindicato afirma que es 'publico y notorio que ninguno de los centros objeto de este escándalo cumplen los requisitos ni los criterios perferentes'. Y que además algunas de sus prácticas son o pueden ser causa de incumplimiento.

Todo esto lo negó ayer de nuevo la consejera de Enseñanza. En sus primeras declaraciones desde que se hicieron públicos los informes de la inspección que desaconsejaban los conciertos que otorgó, Carme-Laura Gil defendió las subvenciones a los colegios Súnion y Saint Paul' School, de Barcelona; Pere Vergés, de Badalona, y Viaró, La Vall y La Farga, situados en el Vallès y vinculados al Opus Dei. La consejera dijo a Europa Press que 'la inspección no dice si se ha de dar el concierto' a una escuela, sino que determina 'qué centros cumplen los criterios de preferencia en el caso de que se necesiten porque haya más demanda de conciertos que oferta presupuestaria'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 12 de julio de 2001