Testigo Piqué
El caso Piqué sigue abierto. Ésta es la principal consecuencia de la resolución tomada por la Junta de Fiscales de Sala después de nueve horas de reunión. Una resolución cuya característica principal es que no entra en el fondo del asunto. Niega, de momento, al Supremo la competencia sobre el caso porque no considera prudente la imputación de Piqué. Y, sin embargo, pide a la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios -a la que devuelve el caso- que siga investigando y que llame a declarar como testigos a todo el consejo de administración de Ercros, incluido el ministro Piqué. Aunque aparentemente la posición que defendía la imputación de Piqué en el Supremo haya sido ampliamente derrotada, la afiligranada resolución deja constancia de que los fiscales de sala no han querido correr el riesgo de zanjar definitivamente un asunto cuyos detalles desconocía la mayoría de ellos. Por segunda vez el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, en funciones de abogado defensor del Gobierno, ha echado atrás el informe del fiscal Bartolomé Vargas, que proponía que se citara a declarar a Piqué en las mismas condiciones en que se había hecho con otros consejeros de Ercros.
A muchos ciudadanos de buena fe les sorprenderá que dos instancias de fiscales, la Junta de Fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo (que avaló por 10 votos contra dos el informe del fiscal Vargas) y la Junta de Fiscales de Sala (que lo repudió ayer por 13 votos frente a dos), hayan llegado a conclusiones tan diametralmente opuestas sobre el mismo asunto. Las convocatorias de Cardenal en busca de una exculpación se han saldado con contradicciones que no hacen sino sumar más desprestigio a nuestro sistema judicial.
Desde el punto de vista judicial aún le quedan muchas vueltas a este caso. Piqué tendrá la oportunidad que venía pidiendo de declarar ante la justicia y aportar sus explicaciones al caso. Una oportunidad que hasta ahora se ha encargado de impedir por dos veces el fiscal general recurriendo a los más alambicados mecanismos que se recuerdan. Piqué declarará como testigo y, por tanto, bajo juramento. Desde el punto de vista político ni al ministro ni al presidente de Gobierno, su protector, se les despeja el camino. Piqué, de momento, no será imputado. Pero el caso sigue abierto en sede judicial, con la posibilidad de que se añadan nuevas informaciones a las ya conocidas. Ahora el ministro ya no tiene ninguna excusa para no colaborar con la justicia. Y Aznar tendrá que seguir pensando si es conveniente presidir la Unión Europea con un ministro de Exteriores sometido a la presión de un caso judicial que seguirá goteando.
