Los inmigrantes en huelga de hambre afirman que llegarán 'hasta el final'
Los encerrados cumplen hoy su octavo día sin ingerir alimentos
La Asamblea de Encerrados de Vallecas y Villaverde señaló ayer en su comunicado que el estado de salud de los inmigrantes que llevan una semana en huelga de hambre es 'más grave según pasan las horas', y lamenta que el Gobierno se mantenga 'en silencio, sin dar la cara ante unas reivindicaciones' que consideran justas. En total, 300 sin papeles permanecen encerrados en Orcasitas, Entrevías, Getafe y Villaverde. Estos últimos, alrededor de 50, comenzaron el pasado lunes una huelga de hambre.
La decisión de iniciar el encierro y, posteriormente, la huelga, se basa en que, desde la entrada en vigor de la Ley de Extranjería (el pasado 23 de enero), 'el Gobierno trata de frenar cualquier lucha política o social por la dignidad y los derechos' de los inmigrantes, a los que impide reunirse, manifestarse, asociarse u organizarse 'como hacen otras personas con problemas comunes como minusválidos, parados o trabajadores'. El comunicado sostiene que, a pesar del movimiento social y político que han llevado a cabo los inmigrantes contra la Ley de Extranjería, el Gobierno 'ha manifestado siempre su rechazo a negociar con los encerrados', lo cual, afirman, les impide obtener los permisos de residencia a pesar de 'tantos meses de lucha'.
Acudir a las mafias
Este colectivo advierte de que se ve forzado a 'acudir a las mafias que trafican con pasaportes y permisos' para regularizar su situación en España, y reitera que el Gobierno les 'castiga' por haberse unido para luchar por una causa justa, haciendo que permanezcan en la ilegalidad y sometidos a la 'explotación sistemática de algunos empresarios y a la persecución policial'.
El comunicado indica que estas medidas represivas 'no frenarán la inmigración, sino que diferenciarán dos tipos de personas: las legales y las ilegales, que no podrán luchar por sus derechos'.
La protesta de este colectivo de inmigrantes en Madrid se inició el pasado 27 de enero en la iglesia de San Ambrosio, donde los inmigrantes permanecieron dos meses encerrados; posteriormente habitaron, durante un mes, en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid, estuvieron una semana más en la escuela de CC OO de Las Musas y desde allí se trasladaron a Villaverde Alto.
El pasado día 5, los inmigrantes encerrados acusaron al defensor del Pueblo, Enrique Múgica, de 'incumplir su compromiso de recomendar a la Delegación del Gobierno que les conceda un permiso de residencia'. El Defensor les replicó que ha cumplido su compromiso 'con creces al lograr el actual proceso de regularización estatal', y advirtió de que su labor no es hacer 'de gestoría'.
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