El Gobierno incluirá la reforma de las cajas en el trámite parlamentario de la Ley Financiera

Cambio de planes. Después de nueve meses de borradores y negociaciones con las cajas de ahorro, los partidos políticos y los diferentes organismos del sistema financiero, el Gobierno ha decidido acabar con todos los temas espinosos y dejar el anteproyecto de Ley Financiera 'sólo con los aspectos técnicos', según un ejecutivo de una caja.

Fuentes parlamentarias del Partido Popular confirmaron ayer que se ha optado por esta fórmula 'para evitar dar la sensación de que las cajas no están sanas y necesitan una reforma. Estas entidades ofrecen un buen servicio en el mercado financiero y aseguran la compentencia'.

Sin embargo, los profesionales de las cajas esperan las enmiendas con impaciencia. El primero de los temas que se abordarán, según el PP, será la reducción del peso político en los órganos de decisión de las cajas -es decir, los consejos y las asambleas-, que ostentan a través de ayuntamientos, diputaciones y Gobiernos autónomos. 'El problema es a quién se asignan los puestos que queden vacantes', explica esta fuente parlamentaria. La razón de esta reducción es que la Unión Europea considera que si en una empresa hay una representación política superior al 50%, los créditos concedidos son considerados como ayudas públicas, lo que limitaría la actividad de las cajas.

Alberto Ruiz-Gallardón, presidente de la Comunidad de Madrid, ha sido el último cargo público en pedir la reducción de los políticos en las cajas. En esta comunidad autónoma hay un 55% de participación política.

Negociación política

Otro capítulo esperado es la búsqueda de fórmulas que refuercen los recursos propios de estas entidades. Tanto el PP como el PSOE, que intentarán buscar el consenso con CiU y PNV, coinciden en que 'hay varias fórmulas para lograr este objetivo, y una de ellas es la emisión de cuotas participativas'. Este activo es similar a las acciones, porque también podrían cotizar en Bolsa, pero sin derechos políticos. Altos ejecutivos de cajas no ven fácil negar estos derechos a los titulares de las cuotas, 'porque quien pone dinero, siempre acaba exigiendo participar en la gestión o estar informado de cómo va la entidad'. También quieren que se impida a la banca adquirir estas cuotas para evitar la privatización de las cajas, algo que cuenta con el respaldo del PP y el PSOE. Hasta el momento, el político que se ha manifestado más opuesto a reformar cualquier aspecto de las cajas ha sido el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de Extremadura. A su juicio, los cambios en el estatuto de las cajas 'favorecen a la banca'. Este tipo de posiciones, que existen en líderes del PP y del PSOE, puede dificultar el consenso político en esta ley.

Las reformas tienen planteamientos más ambiciosos. Se abordará la posibilidad de que haya fusiones entre cajas de distintas comunidades, que la propia normativa bloquea hasta la fecha. Esta actuación exige resolver cuestiones como qué comunidad se quedaría con la supervisión de la entidad, dónde estaría instalada la sede social y quién compondría el órgano de gestión.

Por último, la obra social es otro aspecto a reformar. El PSOE quiere que se delimiten las inversiones que se realizan con cargo a la obra social, que ascienden a 100.000 millones de pesetas, para que estén más orientados a actuaciones sociales y de I+D.

Lo que sí es seguro que incluirá la futura ley es una mejor protección de los ahorradores y consumidores del sistema financiero, con la creación de la figura del defensor del cliente en seguros, banca y mercados.

La directora general del Tesoro, Gloria Hernández, comentó ayer que esta ley también recogerá la posibilidad de financiación de las pymes a través del factoring, siempre que tengan créditos con la Administración, así como la posibilidad de titulizar préstamos hipotecarios.