La ley abunda en la defensa del inversor y del cliente bancario

El anteproyecto de Ley Financiera recoge numerosos aspectos que atañen a la defensa de los inversores y de los clientes bancarios, así como a delimitar con mayor precisión los casos de información privilegiada, de manipulación de precios o de los hechos relevantes que deben comunicar las empresas.

Así, según el borrador de esta ley, se crea el Comisionado para la Defensa del Cliente de Servicios Financieros, al tiempo que se establece una ventanilla única de reclamaciones para inversores y ahorradores. Las quejas podrán formularse tanto en el Banco de España, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Todos estos organismos se adscribirán a este comisionado, dando el soporte suficiente para la tramitación de consultas y reclamaciones.

Las oficinas de cambio o envío de moneda tendrán también con esta ley unas mayores exigencias para operar en España. Estas compañías deberán estar registradas y supervisadas por el Banco de España. Además, ante la creciente complejidad en determinados sectores de actividad, tanto el Banco de España como la CNMV podrán encargar auditorías externas que por su especificidad no puedan ser cubiertas por los inspectores de estos organismos supervisores.

Contratos electrónicos

Otro aspecto destacable es la posibilidad de la vía electrónica en la formalización de contratos entre clientes y entidades financieras, en la concesión de créditos o en la suscripción de seguros privados. La ley permite la contratación de productos y servicios de forma electrónica, siempre que la ley 'no exija forma pública constitutiva'. También se define el concepto de dinero electrónico y se crean las entidades de dinero electrónico (EDE).

Pero esta normativa contempla numerosas materias. En la misma se aborda la responsabilidad civil de los seguros obligatorios de automóviles para cuando se produzca esta responsabilidad en países de la Unión Europea, así como con personas de esta área económica. La creación de las cédulas territoriales que pueden emitir las entidades financieras contra préstamos concedidos a las administraciones públicas o la posibilidad de financiarse a través de factoring por parte de las pyme si tienen créditos públicos son otros de los aspectos que aborda esta nueva regulación financiera que verá la luz este mismo año.