La Junta hará 'recomendaciones' a las cuencas que dependen del Gobierno en sus planes contra la sequía

El Plan Hidrológico Nacional establece un plazo máximo de dos años desde su entrada en vigor (acaba de ser aprobado por el Senado) para que todas las confederaciones hidrográficas elaboren un plan de actuacion contra la sequía en situaciones de emergencia. Las confederaciones deben esperar a que el Ministerio de Medio Ambiente establezca 'un sistema global de indicadores hidrológicos que permita detectar estas situaciones'.

La elaboración de estos planes en cada cuenca fue una propuesta de la Junta de Andalucía, que ahora pretende participar en su elaboración a pesar de que la gestión de las cuencas andaluzas (Guadiana, Guadalquivir y Sur) es dirigida por el Gobierno central. Hasta ahora, el Ejecutivo no reconoce las competencias autonómicas sobre algunas subcuencas del Guadiana y el Guadalquivr, ni sobre la cuenca del Sur, a pesar de que sus límites están dentro de la región. Ayer, la consejera de Obras Públicas informó al Consejo Andaluz del Agua (que integra administraciones, regantes, asociaciones agrarias y agentes sociales) del nombramiento de Juan José López Martos como director del Instituto Andaluz del Agua, organismo autonómico que elaborará estas 'recomendaciones'.

El Instituto también fijará los criterios generales que deberán seguir las ciudades andaluzas (poblaciones de más de 20.000 habitantes) en la elaboración de sus planes de emergencia que deben estar operativos antes de 2005. Gutíerrez, en conferencia de prensa, anunció que el Ejecutivo andaluz tratará de conseguir del Gobierno nuevas inversiones en la región ante la 'insuficiencia' de las obras previstas en el Plan Hidrológico Nacional.

Según los cálculos de la Junta, la cuenca del Guadalquivir (con un déficit hídrico de 1.049 hectómetros cúbicos) y la cuenca del Sur (257 hectómetros cúbicos) seguirán en situación precaria una vez finalizadas las obras previstas por el Plan Hidrológico Nacional, que concluirán en 2008.

El prolongado debate entre las comunidades autónomas y el Ejecutivo central para elaborar el Plan Hidrológico Nacional y la adecuación a la nueva normativa comunitaria son las dos razones fundamentales que expone Obras Publicas para justificar el retraso del decreto autonómico que regulará el plan de prevención contra inundaciones en cauces urbanos andaluces.

El decreto, cuyo borrador Gutiérrez presentó ayer al Consejo Andaluz del Agua para que formule alegaciones (en un plazo de 15 días), debía haber sido aprobado en el primer trimestre del año pasado, según las previsiones de la Consejería, que entonces dirigía Francisco Vallejo. En este tiempo, y tras pasar el trámite de información pública, Obras Públicas ha revisado ligeramente al alza las zonas de riesgo en las que actuar (1.099) y la inversión prevista (205.500 millones de pesetas hasta 2015). En los próximos cinco años, Junta (62) y Gobierno central (37) actuarán en las zonas de mayor riesgo.