La Generalitat adoptará con siete años de retraso el sistema de contabilidad del Tribunal de Cuentas

Vicente Rambla se extendió en explicaciones sobre el reciente informe del Tribunal de Cuentas (TC), cuya auditoría del Presupuesto de la Generalitat de 1998 cifra el déficit del ejercicio en 125.633 millones de pesetas. Esta cifra supera lo detectado por la Sindicatura de Comptes (el equivalente autonómico del TC) que fijó el déficit en 71.443 millones, cuando al cierre de aquel ejercicio el Consell presentó oficialmente un superávit de 745 millones de pesetas.

Pero, en línea con lo explicado la semana pasada por el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana -quien al conocer el informe aludió a los diferentes criterios de contabilización que utilizan la Generalitat y el TC-, Rambla argumentó que la disparidad de los resultados de los informes del TC y de la Sindicatura estriba en que el primero ha utilizado unas normas contables diferentes que no son aplicables en la Generalitat y explicó que es la segunda la que 'ha fiscalizado realmente' a la Administración valenciana.

Así, Rambla señaló que el TC no había computado los llamados 'derechos definidos', un concepto utilizado en la época de Gobierno socialista para equilibrar el presupuesto básicamente en materia sanitaria, al incluir como ingreso la transferencia finalista del Insalud al Servei Valencià de Salut, que era menor que el gasto real previsto para el ejercicio en este capítulo; más el derecho definido que evaluaba la transferencia adicional una vez se realizase la liquidación con la Administración central entre lo transferido y lo gastado. 'Permítanme aquí, respetando profundamente la institución', siguió el consejero, 'que ponga en cuestión el criterio adoptado por el Tribunal de Cuentas, basado en la aplicación del Plan General de Contabilidad Pública, que no es de aplicación en la Generalitat'. Y no lo es porque el Consell del PP no ha adoptado ese plan 'marco' -aprobado en 1994 por el Gobierno socialista y al que las comunidades autónomas tenían que sumarse paulatinamente- a pesar de que en su discurso de investidura, en 1995, Zaplana se comprometió a hacerlo.

Poco después, Rambla anunciaba que, antes de que surgiera toda esta 'polémica sin sentido' en torno al informe del TC, el Consell ya había elaborado 'un nuevo Plan General de Contabilidad con el que desaparecerán las diferencias de imputación de ingresos y gastos de cara al cálculo del resultado, que hoy existen entre la normativa legal valenciana y la que ha aplicado el Tribunal de Cuentas'. Según el consejero, este plan será aplicado en los Presupuestos del próximo año. La Generalitat adoptará así, con siete años de retraso, las normas contables que se utilizan en el resto del país.

La oposición considera que no es casualidad la elección del ejercicio de 2002 para implantar el nuevo sistema contable: entrará en vigor junto con la implantación del euro, de manera que las comparaciones con la situación anterior serán más difíciles. Pero lo cierto es que con la adopción del nuevo sistema, las cifras que ofrecerá la Generalitat respecto al déficit no podrán diferir mucho de las que ha arrojado el informe del TC que ahora ha originado tanta polémica.