Jurado

El mes de junio se abrió con la absolución en Tampa del español Joaquín José Martínez en el juicio que revisaba su condena a muerte en Estados Unidos. Después, ha dejado en la crónica judicial valenciana tres veredictos de inocencia bastante llamativos. Primero fue declarado 'no culpable' el acusado de haber asesinado a la joven Trini Agulló en Elche en 1996. Ocurrió lo mismo con el hombre juzgado en Valencia por arrojar supuestamente a su mujer desde un séptimo piso. En Alicante quedó libre el acusado de matar a puñaladas al propietario de un bar. De ser cierta la influencia del clima emocional en las decisiones de los jurados, los tres procesos hubiesen conducido a veredictos de culpabilidad. Pero no ha sido así y los jurados, -criticados por los sectores conservadores de la judicatura y el derecho como 'una institución que habría de quedar reservada a delitos fácilmente comprensibles' o como el vehículo, cuando obra mal, de 'un daño mayor que el que hace un delincuente'-, han demostrado una independencia de criterio bien notable. A más de uno le pueden quedar dudas sobre la inocencia de algunos de los absueltos. Sin embargo, es difícil discutir que había en los tres juicios pruebas poco sólidas (un testigo protegido seriamente impugnado, un confuso grito de socorro, unas declaraciones incriminatorias no coincidentes...). Da un poco de aprensión pensar que probablemente, sin jurados, los tres procesados habrían sido condenados, con mucha profesionalidad, por 'indicios racionales'. En cambio, los ciudadanos puestos en el trance de considerar los hechos, tras asistir a la vista oral y responder a las preguntas formuladas por los magistrados-presidentes, se han tomado en serio aquello de que 'todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario'. Puede que sea excesivo considerar, como José Antonio Martín-Pallín en plena polémica hace dos o tres años, que se trate de una 'escuela de ciudadanía'. Lo que está claro es que el jurado, con su intromisión popular en la administración de justicia y su irrupción en el 'patrimonio de una profesión', emplaza a jueces, fiscales y abogados (también a forenses y policías) a depurar la técnica y esmerarse. Se convierte, así, en una sacudida democrática a las rutinas del poder judicial y a la comodidad fatal de la injusticia.