La cifra de inmigrantes de fuera de la UE que cotizan se duplica en 17 meses

El número de extranjeros no comunitarios afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad Valenciana ha crecido de manera espectacular en apenas un año y medio, con un incremento de un 111%, según datos aportados por el Ministerio de Asuntos Sociales. Entre el 31 de diciembre de 1999 y mayo de 2001, el número de ciudadanos no pertenecientes a la Unión Europea (UE) que se han incorporado a este registro creció en 16.672 y se sitúa en 31.822 personas -cifra que representa el 8% del total de inmigrantes afiliados en España-.

En la actualidad, el número global de extranjeros dados de alta en la Comunidad Valenciana es de 50.667, de los que el 63% procede de fuera de la UE, y el 37%, es comunitario. En tan solo 17 meses, la Comunidad, en sintonía con el resto del territorio nacional según fuentes del ministerio, ha experimentado un 'considerable' crecimiento en el número de extranjeros asegurados, tanto procedentes de países integrados en la UE como de otros países.

En términos absolutos, el mayor incremento se registra entre los extranjeros extracomunitarios, cuya cifra se ha duplicado desde diciembre de 1999 hasta mayo de 2001.

En relación a los afiliados extranjeros procedentes de la UE, este grupo ha experimentado un crecimiento de 4.713 personas en el mismo período, pasando de 18.845 en diciembre de 1999 a 14.132 a finales de mayo de este año.

Por sectores, el mayor incremento se registró en el general al que se incorporaron 26.710 extranjeros, desde diciembre de 1999 hasta mayo de este año. El segundo régimen con mayor crecimiento fue el autónomo con 2.482 nuevos afiliados. Durante este año y medio, el sector agrario experimentó un aumento de asegurados de 1.835 foráneos, y alcanzó la cifra de 5.333. En este sector, el 88% es extra comunitario.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Comunidad Valenciana, con un equipo de 70 personas, inició el pasado 1 de junio la segunda campaña especial contra la economía sumergida en este año. El objetivo es realizar un mínimo de 2.200 visitas a empresas de la costa. Las actuaciones detectarán los casos de infracción de la economía regular, como la falta de inscripción y alta en la Seguridad Social y el trabajo de extranjeros sin permisos en regla.