Guillem Vidal alerta del peligro de infiltrar policía en las manifestaciones

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Guillem Vidal, aseguró ayer que la actuación de policías infiltrados comporta un peligro porque su presencia puede derivar en un delito provocado. De esta manera, Vidal cuestionaba la polémica presencia de agentes de paisano en la manifestación antiglobalización celebrada el pasado domingo en Barcelona. Muchos de estos policías, ataviados con pasamontañas y estética de radicales, irrumpieron en la plaza de Catalunya al final de la marcha y practicaron detenciones ante la mirada atónita de los manifestantes.

Guillem Vidal recordó que en algunos casos, especialmente en tráfico de drogas, la infiltración de policías en una banda puede ser nula a efectos de perseguir judicialmente un delito, porque en ocasiones no es el policía de paisano el que descubre al delincuente con su presencia o su actuación, sino que es el agente quien provoca el propio delito. También recordó Vidal que esos agentes de paisano no tienen por qué llevar palos, como ocurrió el día 24, puesto que no son una arma reglamentaria. Otros de esos policías esgrimieron también unas barras metálicas plegables. En cambio, la policía considera que son porras reglamentarias que utilizan los agentes para pasar totalmente inadvertidos en las manifestaciones.

Del mismo modo, el presidente del TSJC no quiso analizar si la policía actuó bien o mal 'porque eso deberá decidirlo un juez', pero reclamó 'que no se demonice a las organizaciones convocantes porque otras se aprovecharon para cometer actos vandálicos'.

En medio de la polémica generada por la actuación policial del domingo, el Grupo de Convergència i Unió (CiU) en el Congreso de los Diputados reclamó ayer al ministro del Interior, Mariano Rajoy, que aprovechara su comparecencia en la comisión de justicia e interior para explicar la versión de su departamento sobre la actuación de los agentes, informa Pilar Marcos.

Rajoy, que había acudido para responder a un sinfín de preguntas sobre inmigración, dijo estar dispuesto a acceder a la petición de CiU sin menoscabo de que se tramite la comparecencia pedida por el Grupo Socialista para que explique este asunto.

El PSOE, no obstante, se negó a la petición de CiU, a pesar de haber solicitado la comparecencia del ministro. CiU planteó su propuesta de forma urgente al tratarse de la última semana de actividad parlamentaria hasta septiembre, pero la negativa socialista impidió darle salida, con lo que la comparecencia se aplazará hasta septiembre.

Mando policial La actitud de los socialistas provocó la difusión de una nota en la que la coalición nacionalista dice 'lamentar profundamente' que los 'portavoces socialistas interrumpieran al vicepresidente primero y ministro del Interior, Mariano Rajoy, cuando se disponía a dar cuentas de la actuación policial'.

El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), por su parte, insistió en responsabilizar en parte al Gobierno catalán de la operación policial en la marcha antiglobalización por desentenderse de sus preparativos. Para evitar que esto vuelva a suceder, el diputado Antoni Siurana, consejero de Interior en el gobierno alternativo de Pasqual Maragall, reiteró la propuesta socialista de que el Gobierno catalán asuma el mando de las fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña hasta que culmine el despliegue de los Mossos d'Esquadra.

Siurana concretó ayer los mecanismos que propone su grupo para llevar a cabo la propuesta: o bien a través de la cesión de competencias prevista en el artículo 150.2 de la Constitución o bien mediante la reforma del Estatut.

El PSC considera que el artículo 13.7 del Estatut permite un alto grado de intervención del Estado en el mando de la policía autonómica a través de la Junta de Seguridad y sugiere una reforma para evitarlo.

Por otra parte, Amnistía Internacional se adherirá a la querella que la plataforma de grupos antiglobalización presentará contra la actuación de la policía el pasado domingo, según informó a Europa Press la presidenta de la Federación Catalana de ONG, Gabriela Serra, que encabezará la lista de querellantes.