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En la vista celebrada ayer en Luxemburgo se asistió a un curioso intento por parte de los abogados de la Comisión Europea de sondear al Tribunal de Primera Instancia de las Unión Europea respecto al plazo en que dará a conocer su sentencia sobre el recurso contra la anulación de las ayudas concedidas por las administraciones vascas a las empresas Daewoo y Ramondín. Dado que en estos dos casos se incluyen los incentivos fiscales más controvertidos, la resolución judicial supondría un sólido espaldarazo jurídico a una posterior resolución de la Bruselas sobre el expediente general abierto a los mismos. Los jueces del tribunal, sin embargo, se dieron cuenta de las intenciones del letrado, Francisco Santaolalla, y le pidieron a su vez precisiones sobre cuándo tiene previsto la Comisión pronunciarse sobre el asunto. 'No estoy en condiciones de avanzar cuándo se tomará la decisión, pero será de forma bastante rápida, incluso antes del verano', contestó el letrado.

En este supuesto, la resolución de Bruselas se anticiparía a la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, que no se espera para antes de octubre o noviembre. En concreto, las ayudas tributarias sobre los que la Dirección de la Competencia puso su lupa son el crédito fiscal del 45% del importe total de las inversiones superiores a 2.500 millones de pesetas y las llamadas vacaciones fiscales, que permiten reducir un 99%, 75%, 50% y 25% de la base imponible en el Impuesto de Sociedades durante los cuatro primeros años en que las empresas obtengan beneficios.

Durante las ocho horas que duró la vista oral en el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se reiteraron los argumentos ya conocidos. Por un lado, los abogados del Gobierno vasco, la Diputación de Álava, Daewoo y Ramondín defendieron la legalidad de las ayudas recibidas por las dos empresas. En el lado contrario se sentaron los letrados de la Comisión Europea, la Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos de Línea Blanca (Anfel) y el Consejo Europeo de la Construcción de Aparatos Domésticos (Ceded), organismos que en su día denunciaron a Daewoo.

La delegación vasca pidió que se anulen las decisiones tomadas por Bruselas en 1999 de obligar a Daewoo a devolver 658 millones de ayudas recibido de las administraciones vascas y de suspender los incentivos fiscales concedidos a la empresa coreana y a la firma Ramondín, que trasladó su sede de Logroño a Laguardia. La Comisión sigue sosteniendo que se trata de ayudas de Estado, ya que su concesión es discriminatoria (sólo para las empresas que alcanzan un determinado nivel de inversión) y vulneran el principio de libre competencia. Las instituciones vascas insisten en que se trata de una normativa legal, de carácter general. Tanto el presidente de la sala, el austríaco Josef Azizi, como el juez ponente, el belga Koen Lenaerts, se interesaron durante los interrogatorios más en el caso Daewoo que por el de Ramondín.