El Gobierno de Serbia inicia el proceso de extradición de Milosevic a La Haya

Con la presentación de la demanda se ha iniciado una colaboración concreta con el tribunal, que persigue a Milosevic por crímenes de guerra en Kosovo. La cooperación con La Haya es una exigencia planteada por la comunidad de países donantes de ayuda para Yugoslavia. El próximo viernes se reúnen en Bruselas para aprobar una ayuda económica a Yugoslavia de 1.200 millones de dólares (casi 230.000 millones de pesetas).

Los términos en que está redactado el decreto parecen impedir que el Gobierno de Yugoslavia presente a Milosevic este viernes, cual cabeza del Bautista, ante los países que deciden la ayuda a Yugoslavia. El decreto, aprobado de forma un tanto chapucera por la premura de enviar una señal inequívoca a los donantes y a la comunidad internacional, prevé unos plazos a partir del procedimiento puesto en marcha ayer. Tras la presentación de la petición de entrega a La Haya, la defensa dispone de ocho días para elevar un recurso, que 'pospone la ejecución de la decisión' de extraditar. Este recurso lo examina el Supremo con un tribunal de cinco miembros, que disponen de 15 días para emitir el fallo definitivo.

Todo parece indicar que en un plazo máximo de unas tres semanas Milosevic puede cambiar de alojamiento y dar con sus huesos en La Haya. Este plazo se puede acortar si sus abogados defensores recurren de forma inmediata y esos cinco jueces del Supremo no agotan los 15 días que les da el decreto para fallar sobre el posible recurso de Milosevoc o si éste renunciase a recurrir. Esto no se puede excluir, si sus abogados se mantienen consecuentes en la afirmación de que el decreto es anticonstitucional e insisten en pedir una resolución del Tribunal Constitucional.

Por falta de abogados no ha de quedar, ni se podrá quejar Milosevic. Nada menos que 11, suficientes para formar un equipo de fútbol, se presentaron ayer en el centro de prensa independiente de la plaza de la República de Belgrado. No deja de tener una buena dosis de morbo ver a los defensores de Milosevic en el centro de prensa que durante los años del régimen despótico servía de refugio a las conferencias de prensa de la oposición. Ayer, en ese mismo escenario, los abogados defensores denunciaban el atropello que amenaza con arrastrar a su cliente a La Haya.

Los derechos humanos

Los abogados de Milosevic, con el exuberante Toma Fila al frente, recurrieron a toda clase de declaraciones de derechos humanos, desde la europea de 1948 a la Carta Magna inglesa de 1215, para argumentar sobre la ilegalidad de un decreto 'que permite entregar ciudadanos yugoslavos a tribunales extranjeros'. Fila dijo en un momento de la conferencia de prensa que las cosas pueden hacerse por dos vías: la legal o la de la piratería y el secuestro. Con eso, el abogado equiparó a un acto de delincuencia, como un secuestro, la entrega de Milosevic a La Haya. Uno de los abogados declaró a este periódico: 'Actuaremos definitivamente de acuerdo con toda decisión del Tribunal Constitucional y esperamos que no sucumba a ninguna presión política, venga de fuera o de dentro. Esperamos muy pronto la respuesta'. No hubo forma de mover a los defensores a que declararan cómo responderán al paso dado por el Gobierno de iniciar el procedimiento según el decreto. Insistieron una y otra vez en que el decreto es anticonstitucional. Fila explicó que había informado a Milosevic el domingo por la mañana del decreto y éste no se mostró 'muy sorprendido, pero considera que la Constitución de Yugoslavia prohíbe la extradicción'. Aprovechó el abogado la ocasión para repetir que Milosevic no tiene en la cárcel radio y televisión, porque no quiere un trato de favor respecto a sus colegas entre rejas. El Tribunal Constitucional confirmó haber recibido la demanda de anticonstitucionalidad, añadió que se seguirá el procedimiento ordinario para tratarlo y declararon que no hay plazos para tomar una decisión.

Los seguidores de Milosevic han convocado para hoy en la plaza de la República una manifestación de apoyo a su líder. Sus compañeros de la cúpula dirigente del Partido Socialista de Serbia (SPS) se reunieron con el presidente de Yugoslavia, Vojislav Kostunica. En rueda de prensa, el vicepresidente del SPS, Zivadin Jovanovic, aseguró que Kostunica también considera anticonstitucional el decreto, pero que dijo que habían elegido el mal menor.