Justicia de todos y para todos

El grave déficit de eficacia en el funcionamiento de la justicia como institución, que amplios sectores de la población aprecian, afecta, cada día más, a la credibilidad, a la confianza y hasta a la legitimidad social de la institución.

Por variados factores (el sistema legal se ensancha, la vida pública se judicializa, la cultura cívica de defensa de derechos evoluciona...), la Justicia ha adquirido en la sociedad actual un nuevo papel y nuevo protagonismo: su configuración tradicional ya no sirve.

Alarmados por la mala opinión y exigencias del electorado, los ejecutivos afectados tratan de enfrentarse al reto: se pactan reformas, se actualizan instrumentos legales, etcétera. Pero no cabe solución si quienes integramos o intervenimos en la Administración de Justicia (jueces, fiscales, secretarios, funcionarios, abogados, procuradores) no nos sumamos al proceso de reforma. Proceso por el que ya pasaron en las últimas décadas tantas organizaciones privadas y públicas de todo el mundo, lo que permite distinguir los caminos a seguir y los instrumentos a utilizar, cuya eficacia se haya constatado.

De la misma manera que cada individuo tiene personalidad propia, cada organismo tiene cultura propia. La de la Administración de la Justicia coincide en gran parte con los parámetros de otras organizaciones públicas, a los que se añaden otros específicos.

En nuestro entorno subsisten serias resistencias a aceptar, con todas sus consecuencias, que la Administración de Justicia no es un fin en sí misma, sino un medio para determinados fines sociales. A configurarlo como un servicio público y a incluirlo en la nómina de servicios públicos obligados a rendición periódica y detallada de cuentas y resultados. A aceptar que se trata de una actuación sobre un pedestal encima del bien y del mal, sino evaluable como todas las restantes. A comprender que conformamos una organización que precisa para su funcionamiento, como todas, de órganos de dirección y gobierno, de liderazgo, de fijar objetivos e imponer su cumplimiento, de evaluar resultados, establecer consecuencias y responsabilidades por incumplimientos, etc. Nada justifica mezclar la imprescindible y absoluta independencia que precisamos para fijar el contenido de nuestras resoluciones, con la autonomía organizativa que todavía se reivindica desde algunos órganos judiciales, propia del artista o del empresario autónomo, pero incompatible con una organización moderna y que pretenda ser eficaz.

Los ciudadanos, que sufragan con sus impuestos la actividad administrativa, cuestionan abiertamente, y ya no aceptan, modelos organizativos y actuaciones apegadas al legalismo y al cumplimiento estricto de procedimientos legales si sus resultados no les sirven: exigen actuaciones sometidas a la legalidad, desde luego, pero presididas por la finalidad prioritaria de dar respuesta a las necesidades sociales, exigen resultados prácticos y útiles, exigen soluciones. Lo que explica que la guía de los esfuerzos de mejora hacia un nuevo marco para la gestión de los servicios públicos en general, y de la justicia en particular, sea la satisfacción de las expectativas de los ciudadanos.

Juzgar, o impulsar nuestros trámites procesales, exige conocimientos jurídicos. Gobernar, dirigir, gestionar, organizar, liderar, motivar, exige otros conocimientos que nunca se incluyeron en la formación de los obligados a esas funciones. Si hasta la herramienta informática, que ayudó a tantos, nos sirve, ¿hasta cuándo la no aplicación de las herramientas de gestión y organización que han revolucionado en las últimas décadas la actuación y los resultados de tantas organizaciones en sectores privados y públicos?

Se impone resituar el protagonismo de los destinatarios de nuestra actuación, desburocratizar, introducir el liderazgo y la motivación de nuestros recursos humanos, fijar objetivos, rediseñar estrategias, evaluar, corregir, implantar la reingeniería de procesos y los métodos de calidad total, establecer responsabilidades y consecuencias de nuestra actuación, promover una ética pública que cree el ambiente propicio para el buen desempeño de la función pública.

Los recursos públicos son limitados. No todo se resolverá reclamando más jueces, más juzgados, más medios, buscando soluciones externas. Tenemos a nuestro alcance reformar profunda y radicalmente, desde nuestros actuales medios, el funcionamiento de la Administración de Justicia: reconsideremos nuestra actuación y aceptemos que sólo con códigos nunca resolveremos el déficit de funcionamiento. Superando barreras históricas, hagamos hueco a otros conocimientos no jurídicos, introduzcamos el uso de herramientas de gestión y organización, fijemos objetivos y prioridades... hasta perfilar una Administración de Justicia al servicio objetivo de los intereses generales, que tutela derechos de ciudadanos a los que trata de satisfacer, accesible, sensible y receptiva a sus necesidades, que actúa desde la legalidad con eficacia (principios ambos de rango constitucional), y que cultiva nuevos valores como actitud ética de servicio, rapidez y puntualidad en las prestaciones, información permanente, detallada y con lenguaje comprensible, calidad en el trato personal, propiciando un buen clima para los usuarios.

Reformar y mejorar hasta modificar el estereotipado discurso de la 'presunción de ineficiencia' que tantos ciudadanos presuponen de nuestra actuación frente a la eficiencia que atribuyen al sector privado. Hasta acabar con la aversión y los temores al contacto con la Justicia que impregna todavía la conciencia colectiva ('Justicia: Dios la conserve pero de ella nos preserve'), tratando de convertir esos contactos en cómodos, agradables, útiles y satisfactorios. Está en nuestras manos.

José Manuel Balerdi Múgica es magistrado en Huelva y miembro de Jueces para la Democracia.