La fiscal cambia ahora su criterio y acusa a dos guardias civiles de torturas

La fiscal que ha participado esta semana en el juicio por torturas contra diez guardias civiles en la Audiencia de Vizcaya sorprendió ayer a todos al modificar sus conclusiones iniciales y pasar a acusar a dos guardias, uno de los cuales ha sido condenado en dos ocasiones por torturas. La fiscal admite ahora que los agentes torturaron a los detenidos para obtener información, pero no acusa al resto porque 'no se ha acreditado' que infligieran o conocieran los malos tratos.

Los testimonios de las torturas escuchados durante esta semana -algunos realmente 'espeluznantes', como recordó ayer un letrado de la acusación-, los informes forenses que acreditan las lesiones y los reconocimientos de los supuestos torturadores tanto en rueda como en el juicio han forzado a la fiscal a cambiar su criterio inicial de no acusar a ninguno de los diez guardias civiles procesados.

La representante del ministerio público reconoce ahora que, dado que las detenciones se produjeron sin violencia, las 'lesiones de origen traumático' que presentaban todos los arrestados 'sólo pudieron producirse durante la investigación policial', esto es, en los interrogatorios realizados en las dependencias del instituto armado en La Salve con el fin de obtener información sobre ETA. Y solicita un mes y un día de arresto mayor para cada uno de los guardias de los que considera se ha acreditado su participación en los hechos: Lucio de Sosa Roblebo y José García Maldonado, además de una indemnización de 50.000 pesetas para las tres personas a las que infligieron malos tratos. Se da la circunstancia de que De Sosa fue condenado por torturas en el caso Linaza (1990) y en el de Torre Altonaga (1987).

Por contra, la fiscal no admite el criterio de las acusaciones de pedir la condena por torturas de los guardias que actuaron como secretarios o instructores en las declaraciones prestadas ante la Guardia Civil. Las acusaciones consideran que todos ellos 'tuvieron que ver las marcas de los malos tratos' en la cara de los detenidos y 'no lo denunciaron'. Por ello mantienen sus peticiones, que oscilan entre los seis y 36 meses de arresto mayor y seis y 36 años años de inhabilitación. La defensa solicitó la absolución y consideró probado que dos de ellos no estaban destinados en Bilbao cuando se produjeron los hechos, a finales de 1980.